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El gobierno de Alfredo Cornejo analiza la posibilidad de redistribuir los fondos que destina a subsidios en el transporte de pasajeros. Y en ese sentido, apunta a reglamentar la gratuidad del boleto de la que actualmente gozan -entre otros beneficiarios- los docentes.

No es un proyecto concreto aún. Tampoco hay intención de quitar a los maestros el beneficio. Aunque sí se plantea que exista mayor control de su uso y “mejor administración” de los fondos destinados a ese fin.

La idea es que “antes de fin de año” haya una nueva y eficiente distribución de los millonarios gastos anuales que hace el Estado para subsidiar a miles de mendocinos que acceden al trasbordo gratuito, a abonos con descuentos o que directamente viajan sin pagar.

Cabe aclarar que el concepto de gratuidad no sólo se aplica al pasaje completo impago, sino también a los descuentos de abonos (desde 20% en el personal a más del 50% en el escolar y hasta 100% en el de docentes) y a pases libres.

Hay informes de Transporte que indican que en promedio, por cada boleto actual mínimo de $ 8,50 (se espera que suba a no menos de $ 10 en breve), se recaudan sólo $ 5,20. “El resto lo subsidia el Estado”, dicen.

Según datos que obtuvo Los Andes, la masa dineraria para subsidios de pasajes urbanos e interurbanos llegó a $ 585 millones entre enero y noviembre de 2017. Sumando diciembre se superan los $ 600 millones anuales.

Para el caso único del transporte urbano, el desembolso estatal fue de $ 303 millones “sólo para cubrir descuentos de abonos”. Pero si contempla el trasbordo,se suman $ 231 millones, lo que eleva a $ 534 millones lo gastado sólo en el Gran Mendoza.

Nadie en Servicios Públicos pretende dar de baja los beneficios a los docentes, pero las fuentes admiten que se busca “administrar mejor” esas gratuidades “con el mismo presupuesto”.

Además, aseguran que así se podrían incorporar “otros trabajadores” al beneficio. Sería una especie de “tarifa social” que tendrían empleados de la construcción, personal doméstico, trabajadores gastronómicos e incluso, empleados de comercio.

Además, hay quien piensa que el beneficio podría ampliarse a los estudiantes, muchos de los cuales hoy pagan medio boleto. “Si se conoce el detalle, podría haber alumnos con pasajes 100% subsidiados para ir a la escuela o a la facultad”, señalan las fuentes.

En el Gobierno aseguran que, con el mismo presupuesto, se puede extender el beneficio a obreros de la construcción y personal doméstico.

La lupa en los docentes

Queda claro también que el interés del Gobierno sobre todo en el caso docente- es regular un sistema que hoy es difícil de manejar.

Actualmente sólo se cuenta con las declaraciones juradas de los maestros, los bonos de sueldos de las instituciones escolares donde imparten clases (una resolución de hace una semana amplió ese requisito) y una auditoría posterior que se basa en la información on line que arroja el propio uso de la Red Bus.

Si se comprueba que efectivamente el docente usó la tarjeta en un caso que no era necesario, se le bloquea el abono. Pero eso ocurre bastante tiempo después de usada la tarjeta.

Algunos funcionarios se quejan de que hay docentes que se aprovechan y viajan gratis en situaciones u horarios distintos a los laborales. No falta incluso el que plantea si todos los maestros tienen esa necesidad, cuando “hay otros trabajadores que realmente lo necesitan”.

Es por eso que en la próxima contratación del sistema prepago de pasajes -que puede darse en forma paralela a la licitación del nuevo sistema de transporte- habrá una exigencia adicional para la empresa concesionaria.

No se sabe aún si se licitará o si se firmará un convenio con la Nación para aplicar la tarjeta SUBE, pero es casi seguro que se le pedirá a esa concesionaria que la tecnología que posee ayude a mejorar ese control.

“En el contrato se exigirá que el software permita conocer de inmediato si el docente está fuera del horario declarado para viajar a una escuela o fuera del recorrido”, dijeron las fuentes. “Si no hay coincidencia automáticamente se cobrará el pasaje”, resaltaron los voceros.

Esa misma regulación automática se aplicará para los nuevos beneficiarios de abonos gratuitos, que esta regulación busca incorporar.

Los que hoy viajan sin pagar

El concepto de gratuidad incluye al trasbordo -que seguirá funcionando como ahora-; distintos porcentajes de descuento en abonos personales y escolares (primarios, secundarios y universitarios); abonos específicos -como los otorgados por discapacidad; y lógicamente, los abonos 100% subsidiados.

Actualmente viajan gratis en micros y metrotranvía unos 70 mil docentes y celadores, que constituyen el mayor número de beneficiados. Además lo hacen unos 4.500 choferes de micros (con un pase libre) y unos 200 empleados de la secretaría de Servicios Públicos.

Los bomberos voluntarios también gozan de este beneficio, siempre que el viaje sea desde su casa al cuartel o viceversa. Y también los policías uniformados -siempre que no sumen más de tres por unidad, aunque en este caso hay quejas de empresarios y choferes, de que “muchas veces no se cumple” con ese requisito numérico.

Claves

Gasto estatal. El Estado gastó más de $ 600 millones en 2017 para pagar las gratuidades en sistemas urbano e interurbano de transporte.

Docentes y celadores. Suman 70 mil pasajes gratuitos. También hay unos 4.500 choferes, empleados del Gobierno y bomberos voluntarios.

Empleados y estudiantes. Se busca que otros trabajadores y alumnos de todos los niveles también puedan tener pasajes gratuitos.

Fuente: Los Andes

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