Valle de Uco, Martes 25 de Septiembre 2018
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El 24 de Marzo de 1976 la fuerzas armadas de la argentina, instigadas por lo grupos económicos concentrados y los EEUU, llevaron adelante un golpe de estado contra la entonces presidencia constitucional argentina Maria Estela Martinez.

El denominado Proceso de Reorganización Nacional, tuvo como objetivo exterminar todo aquello que interfiriera con el modelo económico a implantar en la argentina. La tortura física, la desaparición sistemática de personas, el robo de bebes, la destrucción del aparato productivo argentino, la censura, fueron unas de las tantas acciones llevadas a cabo por el gobierno Cívico-Militar que se instauro entre 1976 y 1983.

Hoy entrado, ya el año 2017, se intenta mirar el pasado como algo lejano. Desde algunos sectores se ha pretendido instalar la idea de que la dictadura militar forma parte del pasado, y como tal debe dejarse de lado, solo sobrevivir en los libros de historia. Lejos de esta premisa, muchos somos los que pretendemos construir una memoria viva sobre lo acontecido por aquellos años, sobre todo porque las consecuencias perviven y porque aún, delitos cometidos durante este período, se siguen cometiendo.

La dictadura Cívico Militar (aclaración pertinente, dado que esta fue perpetrada por las fuerzas Armadas de nuestro país, pero fueron muchos los sectores civiles, sobre todo grupos económicos los que la instigaron, e incluso fueron los mayores beneficiarios) significó el deterioro de años en nuestro país, el endeudamiento feroz, la pérdida de gran parte del aparato productivo, el colapso financiero. Estas y otras medidas, significaron para la argentina un atraso que llega hasta nuestros días.

En términos de vulneración de derechos, los delitos de lesa humanidad (delitos que ofenden a la humanidad en su conjunto) fueron orquestados y llevados adelante por el aparato estatal, generando el mayor genocidio moderno de nuestra historia. Treinta mil desaparecidos, miles de detenidos y torturados, exilio forzoso de artistas como Mercedes Sosa, Leo Gieco, Atahualpa Yupanqui entre otros, robo sistemático de bebes (este constituye uno de los delitos que aún continúan cometiéndose, dado que son casi cuatrocientas las personas que desconocen su identidad producto de haber sido robados a sus familias), son parte de un plan que el Golpe Militar y sus ejecutores llevaron adelante. Hecho por el cual hoy son juzgados en los tribunales de justicia común, con las garantías constitucionales que corresponden.

Las últimas víctimas de la dictadura fueron los soldados argentinos, quienes se vieron envueltos en el último intento por perpetrarse en el poder: la Guerra de Malvinas. Cientos de conscriptas fueron arrastrados a una guerra, mal armados, con escasa comida, mal vestidos, y contra un Ejército profesional repleto de mercenarios, como el inglés. Más de 600 jóvenes murieron en las Islas y a los que volvieron el estado les dio la espalda por más de treinta años.

Sin lugar a dudas, lo siniestro del golpe, es decir las acciones llevadas adelante por los militares de entonces, merecen ser juzgadas. Y es que después de treinta años, en los que se dieron situaciones como la Ley de Obediencia de vida y Punto final, más los indultos a los jerarcas, hoy se están llevando adelante sistemáticamente juicios contra los responsables de la tortura y la desaparición de personas.

Pero me gustaría poner en discusión y creo necesario, que como pueblo empecemos a poner el foco en quienes fueron los responsables civiles de la Dictadura y sobre todo quienes se beneficiaron con esta. Son muchas las empresas que multiplicaron sus ganancias con la sangre de miles de argentinos, como también los grupos económicos que multiplicaron sus empresas.

La Dictadura Cívico Militar continua siendo una herida abierta en la vida de los argentinos, la justicia que aún no llega a los genocidas, la identidad de los nietos expropiados, las consecuencias económicas son situaciones que aún hoy, a 41 años de perpetrado el golpe, no se han resuelto.

Prof. Rodrigo Hinojosa

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