En la acordada de la Corte Suprema de Mendoza, se indica que la suspensión de la aplicación es hasta que se haya creado un Tribunal Penal Colegiado.

La decisión del máximo tribunal provincial respondió al planteo conjunto de la Comisión de Derecho Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial, el Colegio de Abogados de Tunuyán y la Federación de Colegios de Abogados de Mendoza. La medida frena la aplicación de la Ley 9.666, que eliminaba los debates correccionales y ponía en riesgo el acceso a la justicia de víctimas y testigos del Valle de Uco.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza, integrada por los doctores Dalmiro Garay Cuelli (presidente), Omar Palermo, Julio Gómez, José Valerio, María Teresa Day y Norma Lláster, dictó la Acordada N° 32.269 el 29 de octubre de 2025, mediante la cual resolvió suspender la aplicación de la reforma del Código Procesal Penal (Ley 9.666) en la Cuarta Circunscripción Judicial, que abarca los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

La medida fue adoptada a partir del pedido formal de la Comisión de Derecho Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial, junto al Colegio de Abogados de Tunuyán y la Federación de Colegios de Abogados de Mendoza, quienes advirtieron que la aplicación de la ley generaría graves dificultades institucionales y funcionales, afectando directamente el acceso a la justicia de la ciudadanía valletana.

En su presentación, los organismos señalaron que la Cuarta Circunscripción carece de Tribunales Penales Colegiados, por lo que aplicar la reforma hubiese obligado a trasladar víctimas, testigos, fiscales y defensores hasta la Primera Circunscripción Judicial, ocasionando inconvenientes económicos, de gestión y de ejercicio profesional, además de vulnerar el derecho de acceso a la justicia.

La Corte consideró el planteo “razonable” y dispuso que, hasta tanto se cree y ponga en funcionamiento un Tribunal Penal Colegiado con radicación y competencia local, los jueces correccionales actuales continuarán realizando los debates orales.
De este modo, el máximo tribunal provincial garantizó la continuidad del servicio judicial penal en el Valle de Uco, evitando perjuicios institucionales y asegurando la tutela efectiva de los derechos de las partes.

Protagonistas de la gestión institucional

El reclamo que motivó la suspensión fue encabezado por referentes del ámbito jurídico y político de la región: el doctor Sergio Gabriel Coniberti, representante de la Federación de Colegios de Abogados de Tunuyán, el doctor Juan Ignacio Abadía, presidente del Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción Judicial, el doctor Lucio Chávez, reconocido abogado penalista y presidente de la Comisión de Derecho Penal, y la doctora Carimé Mercado, abogada penalista y vicepresidenta de la Comisión de Derecho Penal.

La presentación contó, además, con el apoyo de los intendentes del Valle de Uco: Gustavo Aguilera, de Tupungato, Alejandro Morillas, de San Carlos, y Emir Andraos, intendente de Tunuyán.

También acompañaron la iniciativa legisladores provinciales, entre ellos el diputado Jorge Difonso, quienes expresaron su respaldo a la suspensión de la reforma, destacando la importancia de preservar la autonomía judicial y la proximidad del servicio de justicia en el territorio valletano.

Una decisión en defensa del acceso a la justicia:

La suspensión dispuesta por la Corte provincial fue celebrada por el foro penal y por las autoridades locales como una decisión histórica en defensa del acceso a la justicia en el Valle de Uco, que garantiza la continuidad de los juicios correccionales y la cercanía del servicio judicial con la ciudadanía.
El trabajo conjunto de abogados, instituciones, intendentes y legisladores permitió preservar un sistema de justicia cercano, eficiente y con perspectiva territorial, reafirmando el compromiso de la Cuarta Circunscripción con la defensa de los derechos de los ciudadanos mendocinos.

En una charla sostenida con Juan Ignacio Abadia, presidente del Colegio de Abogados de la 4ta Circunscripción Judicial, explicó que si bien, el espíritu con el que se hizo la reforma es bueno, la norma no contemplo situaciones como la del Valle de Uco, donde iba a ser necesario que las personas, involucradas o victimas de delitos menores, debieran trasladarse hasta el Polo Judicial en Mendoza. Por otra parte, destacó que este reclamo, llevado adelante por el Colegio de Abogados de la 4ta Circunscripción, recibió el respaldo de la Federación provincial y de otros Colegios provinciales.

Por otra parte Lucio Chavez, actual presidente de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados, explicó que cuando se le pidió desde la Presidencia del Colegio, revisar el ante proyecto de la ley 9666, detectaron estas fallas que, no contemplaban la realidad de zonas como las del Valle de Uco; es por ello que se encaró con firmeza el reclamo, que hoy a partir de la Acordada de la Corte Suprema de Justicia se traduce en un logro para lo habitantes del Valle de Uco. Chavez destacó que la Corte Suprema de Justicia en su Acordada destaca que la suspensión de la Ley es hasta que se cree un Tribunal Penal Colegiado, y que hoy se encuentran trabajando para incluir esta necesidad en los presupuestos siguientes.

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