La presidenta del tribunal oral fue fiscal en el juicio contra los asesinos de José Luis Cabezas; otro de los magistrados condenó a un motociclista por hacer wheelie y a un grupo de policías por un homicidio y el restante, dictó una dura sentencia contra un abusador

Hace veintitrés años María Claudia Castro estaba en la misma sala de audiencias del primer piso de los tribunales de Dolores como protagonista de otro juicio trascendente. Formaba parte del equipo de fiscales que pidió que los ocho acusados por el homicidio del fotógrafo José Luis Cabezas, sean condenados a prisión perpetua.

En esa época, Castro, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, integró, con Eduardo Campos Campos y Felipe Defelitto, el grupo de representantes del Ministerio Público que logró reunir las pruebas que permitieron fundar la sentencia contra Horacio Anselmo Braga, Sergio Gustavo González, José Luis Auge, Héctor Retana, integrantes de la banda de Los Hornos; Gustavo Prellezo, Sergio Camaratta, Aníbal Luna, oficiales de la policía bonaerense y Gregorio Ríos, jefe de seguridad del empresario Alfredo Yabrán.

Al presentar su alegato y durante el desarrollo de las audiencias, Castro tuvo que litigar con Fernando Burlando, defensor de los cuatro integrantes de la banda de Los Hornos, condenados como partícipes del asesinato del reportero gráfico de la revista Noticias.

Más de dos décadas después, los caminos de Castro y de Burlando volvieron a cruzarse. En 2013, Castro dejó la función de fiscal implacable que cumplió durante 14 años para ocupar el cargo de presidenta del Tribunal Oral N° 1 de Dolores, que debe juzgar a los ocho imputados por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

Mientras que Burlando, en esta oportunidad, no se desempeñó como defensor, tal como ocurrió hace 23 años, sino que estuvo a cargo de la representación de los padres de la víctima, en su función como abogado del particular damnificado.

Castro, nacida en Azul y radicada en Dolores, forma parte de la Red de Jueces Penales bonaerenses, una entidad que ”agrupa a magistrados y exmagistrados del fuero penal bonaerense, comprometidos en la consecución de sus principios fundamentales: la defensa de la independencia del Poder Judicial, así como la protección y promoción de los derechos humanos en el sistema penal”.

Según uno de los integrantes de la entidad, los magistrados que la conforman tienen un objetivo académico y fue creada en marzo de 2000, en Mar del Plata.

Actualmente, Castro integra la comisión directiva de la entidad, es catedrática en la Red de Jueces Penales bonaerenses, capacitadora de otros funcionarios judiciales en la Suprema Corte de Justicia y profesora universitaria. Desarrolló toda su carrera en el Departamento Judicial Dolores. Antes de trabajar como fiscal se desempeñó en el juzgado Criminal y Correccional que estaba a cargo de José Luis Macchi, el magistrado que investigó el homicidio de José Luis Cabezas. Ante la complejidad del caso, quedó al frente de una de las secretarías del juzgado.

Quienes conocen a la actual presidenta del Tribunal Oral Criminal N° 1 de Dolores, destacan su solidez académica, el oficio en el desempeño de sus funciones y su independencia. Convocada a integrar el Tribunal Oral N° 2, de Dolores, Castro tuvo el primer voto en la sentencia condenatoria contra el exintendente de Pinamar, Roberto Porretti, por una tentativa de extorsión ocurrida en 2008, entre otros casos en los que tuvo que intervenir. En este caso, Castro integró el Tribunal Oral Criminal N° 2 con Emiliano Lázzari.

Al igual que Castro, Emiliano Lazzari, otro miembro del tribunal que juzga a los ocho acusados del homicidio de Fernando Báez Sosa, forma parte de la Red de Jueces Penales bonaerenses. Además de integrar el tribunal también se desempeña como juez Correccional de Dolores.

Antes de ser juez del tribunal oral y del juzgado Correccional, Lazzari se desempeñó como secretario en el juzgado de Ejecución Penal N° 1, de Quilmes. Como juez del Tribunal Oral N° 1, de Dolores, Lázzari estuvo a cargo del primer juicio por jurados realizado en el mencionado departamento judicial.

Además integró tribunales que hicieron juicios orales que terminaron con las condenas a un grupo de efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Villa Gesell que, en 2011, mataron a un informante. En 2014, integró la Cámara Penal que, con el Código de Procedimiento Penal anterior, condenó un policía por el encubrimiento del homicidio de Emilia Blanco, el adolescente que fue asesinado en 1997 en Chascomús y que la policía intentó presentar como un suicidio.

Como juez Correccional, Lázzari condenó a un motociclista de General Belgrano a seis meses de prisión en suspenso por hacer wheelie con una moto. En la sentencia del juicio abreviado, el magistrado sostuvo que la figura penal que correspondía aplicar al acusado era la de un delito contra la seguridad pública, debido que había realizado dicha prueba de destreza a pocos metros de una familia que abordaba su automóvil.

En tanto que el tercer integrante del Tribunal Oral N° 1, Christian Rabaia, asumió dicho cargo en 2019. Antes se había desempeñado en la fiscalía a cargo de Gabriela García Cuerva, que tuvo a su cargo el juicio oral que terminó con la condena del asesino del joven discapacitado Mauricio Ponce de León, ocurrido en 2008, en Chascomús.

Desde que asumió como juez del Tribunal Oral N° 1, Rabaia intervino en juicios que terminaron con las condenas a un estafador que se hacía pasar por funcionario de la Dirección Nacional de Migraciones para extorsionar a los dueños de los supermercados chinos del Municipio de la Costa y contra un vecino de Santa Teresita que distribuía videos de menores que eran víctimas de abusos sexuales.

Un detalle no menor para tener en cuenta sobre la sentencia en el juicio oral por el homicidio de Fernando Báez Sosa se relaciona con el magistrado que tendrá que redactar el primer voto. Habitualmente, el orden de votación se sortea por secretaría. Debido a que constituye una cuestión relacionada al funcionamiento interno del tribunal, no está reglamentada.

En toda sentencia y veredicto el primer voto define el rumbo de la sentencia, los fundamentos y las pruebas. Resulta clave porque no debe dejar ningún resquicio que, eventualmente alguna de las partes pueda utilizar como fundamento en caso que presenten un recurso. Los colegas del juez que dicte el primer voto, pueden aplicar su criterio y, en caso de no estar de acuerdo redactar un voto en disidencia, que puede ser parcial o total.

Según el artículo 371 del Código de Procedimientos, en la sentencia el tribunal deberá responder cinco preguntas: ¿se probó la existencia del hecho en su exteriorización? ¿está acreditada la participación de los procesados en el hecho? ¿existen eximentes? ¿se verificaron atenuantes? ¿concurren agravantes?

Luego, en el veredicto, si los magistrados determinaron que los acusados son culpables o inocentes, la figura penal que corresponde aplicar y las penas.

Si bien no trascendió cuál de los tres magistrados tendrá a su cargo la redacción del primer voto, hubo un detalle no pasó inadvertido en las quince audiencias: Lázzari, fue de los tres jueces, quien más apuntes tomó, como una forma de que no se perdieran detalles, además de lo que quede constancia en las actas de cada audiencia o en el soporte de videos.

El veredicto se conocerá el lunes 6 de febrero, a las 13.

Fuente: La Nación