Un policía y un empresario fueron imputados por difundir audios con información falsa en el Sur provincial.
Las denominadas fake news o noticias falsas han abundado por estos días en los que la conmoción se adueñó del mundo, en medio del avance del coronavirus y las medidas que se han adoptado para frenarlo.
En ese contexto, luego de decretada la cuarentena obligatoria por el presidente Alberto Fernández, creció exponencialmente la circulación de falsas noticias por redes sociales, sobre todo por Whatsapp, cuyo uso –al estar prácticamente todos los usuarios encerrados en sus casas– también creció significativamente.
El sábado fueron dos los audios sobre presuntos casos confirmados de COVID-19 en el sur provincial. que se viralizaron en cuestión de segundos y llegaron prácticamente a todos los usuarios sanrafaelinos, principalmente a grupos.
Uno de los archivos se refería a un hombre Malargüe que había contraído la enfermedad luego de tener contacto con turistas extranjeros que habían llegado a Las Leñas.
Luego, un audio de 1 minuto y 31 segundos, grabado por quien se presentaba como policía y que cumplía funciones en el Centro Estratégico de Operaciones, generó consternación en la sociedad sanrafaelina, pues afirmaba que una mujer de Las Paredes (San Rafael) estaba contagiada tras tener contacto con la primera paciente portadora del virus.
“Está fea la cosa. Ya se confirmó un caso en Mendoza y uno en San Rafael, de una mujer de Las Paredes, quien hoy llamó con toda la sintomatología”, afirmaba el efectivo con total liviandad en su audio.
Más tarde, la supuesta información ofrecida por el policía fue desmentida por el titular de Salud Provincial en la Zona Sur, Abel Freidemberg.
Como consecuencia del audio con información falsa que viralizó el efectivo de apellido Fernández, sus propios colegas lo identificaron y aportaron datos claves a la Justicia Federal para que el juez Eduardo Puigdéngolas pudiera avanzar en un proceso penal contra el uniformado. El magistrado identificó también a quien había hecho lo propio con el audio de Malargüe, siendo un empresario vinculado a la diversión nocturna de apellido Antolín.
Puigdéngolas, en función de lo ocurrido, ordenó la detención del policía y el empresario, esta última ejecutada por agentes de Gendarmería Nacional. Ambos fueron imputados por infringir el artículo 211 del Código Penal Argentino, que sanciona a quienes infunden temor a través de información falsa.
“Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”, establece dicho artículo.
Al policía y al empresario se les secuestraron los teléfonos celulares y el juez ordenó otra serie de medidas para avanzar en el procesamiento de cada uno. El más complicado, sin dudas, es el agente policial, pues además enfrenta cargos por incumplimiento en sus deberes de funcionario público, lo que podría costarle hasta el puesto en la Policía de Mendoza.
Las detenciones de quienes viralizaron audios con información falsa pueden sentar un fuerte precedente no solo en Mendoza, sino también a nivel nacional, ya que la decisión de la Justicia tendrá su efecto en otras jurisdicciones donde se registra la misma problemática.
Fuente: Diario San Rafael
