La conjueza civil Marina Lilen Sánchez consideró que hubo responsabilidad estatal en el femicidio en Maipú ocurrido a fines de 2020. Los padres y el hermano de Florencia Romano reclamaban $300 millones en el litigio

El Gobierno provincial deberá pagar una suma de $12 millones a la familia de Florencia Romano, la menor de 14 años que fue víctima de un femicidio en Maipú a fines de 2020. Una jueza civil consideró que hubo responsabilidad estatal en el hecho de sangre y ordenó el pago de la indemnización.

El litigio había comenzado con un reclamo de los padres y el hermano de la adolescente -representados por los abogados Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena- por un monto de $300 millones. La base del argumento es que la inacción que tuvo el 911 en el hecho de sangre podría haber evitado el triste desenlace. En el ámbito penal, una operadora del CEO había sido condenada por desatender la llamada de un vecino que escuchó los gritos de auxilio de la menor.

La contestación del Ejecutivo provincial generó polémica ya que el asesor legal Ricardo Canet responsabilizó a los padres de Florencia Romano por la muerte: “Han incumplido abiertamente con las obligaciones que la responsabilidad parental ponía a su cargo, no actuando con la vigilancia activa correspondiente. Ninguna duda cabe que esta circunstancia es causa originaria y concurrente del resultado final, cuando menos, en un 50% del mismo”.

Finalmente la conjueza Marina Lilen Sánchez, del Tribunal de Gestión Asociada 3, avaló el reclamo de las víctimas pero redujo el monto a $12 millones en base a ciertas fórmulas matemáticas que se utilizan para calcular el daño moral y psicológico que sufrieron.

“Surge acreditada la existencia de la falta en servicio imputable al Estado por la omisión ilegítima perpetrada por la operaria del CEO. El femicidio de Florencia con fuerte probabilidad se podría haber evitado, en tanto existían recursos materiales y humanos para resguardar la vida e integridad física de Florencia“, argumentó la magistrada.

Si bien el monto se alejó bastante del reclamo original, también duplicó una oferta de casi $6 millones que había realizado el Estado cuando se entabló la demanda en busca de evitar el juicio civil.

Femicidio en Maipú

El 12 de diciembre de 2020, Florencia Romano se dirigió a la casa de Pablo Arancibia ubicada en callejón Berra. Se habían conocido días atrás por redes sociales. La adolescente de 14 años nunca más volvió a ser vista. El hombre golpeó y ahorcó a la menor de edad en el interior del domicilio. Luego degolló e intentó quemar el cadáver en el patio de la vivienda. Le pidió ayuda al primo de su novia para transportar los restos “de un perro” y con esta coartada descartó el cuerpo de Florencia a pocos kilómetros. El paradero de la joven fue un misterio y movilizó a toda la provincia. A la semana, el escenario era trágico: Pablo Arancibia era detenido junto a su novia -la mujer terminó sobreseída en la causa- y días después se encontró el cuerpo de Florencia Romano.

En paralelo se inició una investigación contra el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) ya que un vecino había llamado al 911 tras escuchar los gritos de Florencia Romano. La policía Verónica Herrera atendió pero como la llamada se entrecortaba se enojó y colgó. No le dio curso a la acción policial. En el momento del crimen, había tres patrulleros a una cuadra del lugar del hecho y hasta hay una comisaría ubicada a 4 minutos a pie.

En el ámbito penal, hubo dos causas que se resolvieron en juicios abreviados. El femicida Pablo Arancibia fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado por mediar violencia de género. La operadora Herrera fue sentenciada a 3 años de prisión en suspenso por no darle curso a la llamada al 911 que realizó un vecino del femicida al momento del crimen.

Fuente: Diario UNO