En una sesión semipresencial, hoy se tratará el desafuero del senador sancarlino Marcelo Romano

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Cabe aclarar que a pesar de ello, el legislador por Protectora mantendrá su cargo. También se debatirá la eliminación de los equiparados a magistrados. En ambos casos el oficialismo cuenta con los votos necesarios para dar luz verde a las iniciativas.

Finalmente este martes se tratará en el Senado de la provincia el desafuero del senador sancarlino por Protectora, Marcelo Romano. Además, también se prevé eliminar los privilegios de los equiparados a magistrados en la Justicia local.

A primera hora se realizará la reunión de labor parlamentaria para finalmente acordar la orden del día donde se incluirán estos proyectos. En ambos casos el oficialismo cuenta con los votos necesarios para dar luz verde a las iniciativas.

El desafuero de Marcelo Romano

En noviembre del 2019, la fiscal Gabriela García Cobos imputó a Romano y lo acusó de presunto “atentado contra la autoridad” por un altercado protagonizado con la policía y su hija el 11 de agosto de ese mismo año. Para seguir con la instrucción del caso, la fiscal solicitó el desafuero del senador. Tiempo después, el miércoles 13 de mayo, la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) aprobó por mayoría el despacho y el legislador quedó a un paso de perder la inmunidad que otorgan los fueros legislativos.

Según la versión policial, el sancarlino reclamó que dejaran ir a su hija negando el exceso de velocidad y amenazándolos con hacerlos echar de su trabajo. El delito de “atentado a la autoridad” está tipificado y sancionado por el artículo 238 inciso 3 del Código Penal y establece una pena de prisión de entre seis meses y dos años.

Por su parte, Romano enfatiza en que no lo dejaron defenderse y expone un pedido de nulidad que debe analizar la justicia. El sancarlino además considera que la intención de desaforarlo es una “persecución política” del oficialismo por el pedido de explicaciones que solicitó con respecto a Portezuelo del Viento y también lo relaciona a su postura en temas puntuales como la reforma de la ley 7722.

El caso del senador por Protectora ha generado una gran polémica, que incluso llegó hasta la Cámara de Diputados de la Nación. Durante una sesión virtual fue José Luis Ramón quien tomó la posta y acusó al actual presidente de la UCR y ex gobernador, Alfredo Cornejo, de ensañarse judicialmente contra el sancarlino y hacer que el “Senado de la provincia de Mendoza, con el acuerdo de todos los senadores del partido radical y de la Gobernación, estén por desaforar a un senador que defiende los intereses del pueblo de la provincia de Mendoza”.

Desde el oficialismo desmintieron que se trate de una “persecución política”, y aseguran que solamente buscan darle curso a la Justicia para que pueda investigar. De hecho remarcaron que Romano continuará siendo legislador, pese a que le quiten los fueros.

Por otro lado, un allegado a Cornejo manifestó a diario Los Andes: “Los hechos son contundentes: cometió un delito y está siendo juzgado por eso. La opinión de que el gobierno le armo la causa es mentira”.

En tanto, el jueves la senadora radical Natacha Eisenchlas, quien responde políticamente al gobernador Rodolfo Suárez, difundió una carta en la que le pide expresamente a Romano que renuncie a sus fueros: “Sería un gran, un enorme ejemplo”, le dice, y agrega: “No es ningún político quien lo ha solicitado. Es una integrante del Poder Judicial que desde el año pasado está intentando investigar una denuncia efectuada por dos policías, un hombre y una mujer, que tampoco tienen ninguna vinculación política”.

En otro tramo señala Eisenchlas: “Usted también sabe que con el desafuero no dejará de ser senador ni va a dejar de cobrar su sueldo. El único efecto que tendría es permitirle a la Justicia realizar su labor”.

Y completa: “Usted dice que es inocente, y no tengo por qué dudar de su palabra. Entonces no tiene nada que temer, tiene la gran oportunidad de probarlo”.

Equiparación de magistrados por diario El Sol

En el mes de marzo se generó una fuerte polémica por el sueldo que cobran los funcionarios que no son magistrados pero perciben salarios como si lo fueran. El caso más emblemático que saltó a la luz fue el de Elizabeth María Carbajal, secretaria privada del presidente de la Corte, Jorge Nanclares. Por el beneficio de ser equiparada a magistrada, la mujer cobra un sueldo de $406 mil mensuales aproximadamente.

Para terminar con las “asimetrías” el gobernador, Rodolfo Suarez, envió el proyecto a la Legislatura. Sin embargo, el tratamiento se vio demorado por la presión de los miembros de la Corte, ya que tienen a varios de sus empleados con ese beneficio.

Según trascendió desde el Poder Judicial buscaban un acuerdo “entregando” a la secretaria del juez pero “bancando” a su sobrino, Carlos Quiroga Nanclares, que también tiene un sueldo equiparado a un magistrado.

“Hay que terminar rápido con esta ficción que se inició en la primera presidencia de Nanclares y que además es ilegal porque utiliza fondos de jueces para pagar funcionarios que realizan tareas administrativas”, señalan desde el oficialismo.

Según contaron allegados al gobernador, la Corte tiene 15 personas en esa condición ganando entre 200 mil y 405 mil pesos por mes. “Es una malversación de caudales públicos”, aseguran.

En concreto, el proyecto en cuestión va contra los altos salarios en los distintos organismos del Estado, estableciendo que “ninguna norma o disposición podrá equiparar retribuciones por funciones y/o tareas distintas a las efectivamente prestadas por funcionario, empleado contratado, bajo cualquier modalidad”.

Una vez que se apruebe, se otorga un plazo de 30 días a partir de la publicación del mismo, donde se deberán adecuar todas las situaciones y se deberán suprimir los cargos equiparados a magistrados. En el ámbito judicial son más de 80 personas las que actualmente están en esa condición.

De todos modos, en el oficialismo no descartan que el proyecto original sufra algunas modificaciones.

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