Valle de Uco, Martes 25 de Junio 2019
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Desde hace más de 30 años viven y trabajan allí.

En diciembre del año pasado, la Dirección de Administrativos de los ex Bancos Oficiales (DAABO), dependiente del Gobierno Provincial, avanzó con la venta tres inmuebles ubicados en el departamento de Tunuyán.

Uno de esos inmuebles pertenece a unas tierras, comprendidas en 26 hectáreas donde familias campesinas. adjudicatarias, viven y trabajan hace más de 30 años.

De este manera y tras meses de reclamo, se presentarán a una audiencia el lunes en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

En un comunicado, expresaron que “Esperan que finalmente se resuelva su situación y la de todas las personas que luchan por su tierra, reconocidas por la ONU en su Declaración de Derechos de los campesinos y campesinas aprobada por la Asamblea General en diciembre pasado. Esta Declaración plantea el derecho inalienable a la Tierra y las obligaciones de los Estados en realizar Reformas Agrarias para garantizar el acceso y la permanencia en la tierra a las familias campesinas.

También manifiestan que “Además de avasallar sus derechos posesorios, las intentan desalojar y el proceso de venta no es transparente, beneficiando a un oferente determinado de antemano. Debido a que la venta que pretende Santiago Pérez Araujo director de la DAABBO no cumple todos los requisitos, las familias no sólo han recurrido administrativamente en el Ministerio de Hacienda, sino que también presentaron un amparo en la Corte para que no se avance en este sentido. Dicha venta, aún no se ha concretado, pero ya el oferente Gabriel Alexis Porcel ingresó a la finca, violentando a las familias que viven allí”

En otro párrafo piden la Gobierno de la Provincia que “las fincas que desde hace más de 20 años están bajo administración de la DAABBO sean puestas a disposición de la Ley de Colonización para cumplir con la Declaración de Derechos Campesinos, y desarrollar un programa de arraigo y fomento a la producción, que genere trabajo y alimentos, en el marco de la actual crisis que atraviesa nuestro pueblo”.

El comunicado completo

El próximo lunes 15 de abril familias campesinas de Tunuyán se presentarán a una audiencia en la Suprema Corte de Justicia en el marco de la lucha que vienen llevando por la tierra donde hace casi 30 años viven y trabajan. Estas familias campesinas vienen recorriendo un largo camino en la justicia, siempre estando abiertas a todo tipo de diálogo, habiendo asistido a todas las instancias a las que las han convocado. Esperan que finalmente se resuelva su situación y la de todas las personas que luchan por su tierra, reconocidas por la ONU en su Declaración de Derechos de los campesinos y campesinas aprobada por la Asamblea General en diciembre pasado. Esta Declaración plantea el derecho inalienable a la Tierra y las obligaciones de los Estados en realizar Reformas Agrarias para garantizar el acceso y la permanencia en la tierra a las familias campesinas. En diciembre del año pasado la DAABBO avanzó con la venta de tierras fiscales en Tunuyán, a pesar de que familias campesinas organizadas en la Asociación Arroyo Creciente llevan años con expedientes de regularización. Además de avasallar sus derechos posesorios, las intentan desalojar y el proceso de venta no es transparente, beneficiando a un oferente determinado de antemano. Debido a que la venta que pretende Santiago Pérez Araujo director de la DAABBO no cumple todos los requisitos, las familias no sólo han recurrido administrativamente en el Ministerio de Hacienda, sino que también presentaron un amparo en la Corte para que no se avance en este sentido. Dicha venta, aún no se ha concretado, pero ya el oferente Gabriel Alexis Porcel ingresó a la finca, violentando a las familias que viven allí. Otra irregularidad, es que la DAABBO denuncia a las familias campesinas, pero hace la vista gorda en sus denuncias a empresas que usurparon recientemente tierras fiscales bajo esa administración. ¿Doble vara de los directivos y personal de la DAABBO? ¿Negocios de los funcionarios? En ambos casos, si así fuera, es en perjuicio de derechos civiles y sociales de las familias campesinas. En este sentido, además de que esperamos se regularice la situación en favor de las familias que viven y trabajan en la finca, solicitamos al Gobierno provincial , que las fincas que desde hace más de 20 años están bajo administración de la DAABBO sean puestas a disposición de la Ley de Colonización para cumplir con la Declaración de Derechos Campesinos, y desarrollar un programa de arraigo y fomento a la producción, que genere trabajo y alimentos, en el marco de la actual crisis que atraviesa nuestro pueblo. La tierra no puede ser una mercancía sino un bien social que genere trabajo y producción. ¡NI UN METRO MÁS, LA TIERRA ES NUESTRA

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