Según las explicaciones del funcionario, las autorizaciones responden a que fueron pedidos que se iniciaron en el 2019. Por el momento la oposición no cuenta con los votos necesarios para continuar con el procedimiento de juicio político.  

El decreto 597 que firmó el ex gobernador Rodolfo Suarez en el 2022 le garantizó a Sergio Marinelli que -tras una reelección- comandará el Departamento General de Irrigación hasta el 2027. Y todo hace suponer que ni siquiera el pedido de Jury de Enjuiciamiento que delinea el PJ logrará mover al funcionario de ese ente autárquico. El poroteo marca que faltarían votos para que ese proceso avance.

Tras un pedido explícito de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, el PJ local le da forma a un pedido de Jury contra el superintendente de Irrigación, a quien culpan de incumplimiento de sus deberes de funcionario público.

Le apuntan porque habilitó a cuatro empresarios a que avancen con pozos de agua en una zona restringida de la subcuenca de El Carrizal, en la margen derecha del río Mendoza.

Según pudo corroborar este diario, ese pedido de jury se ingresaría este lunes formalmente.

La habilitación de pozos que disparó la polémica beneficia a:

–CRESUD, del grupo IRSA, propiedad de Eduardo Elsztain, dueño del hotel Libertador en Buenos Aires, y de Alto Palermo y Mendoza Shopping

–Chimpay La Rioja S.A., de Young Woo

–Grappolo S.A., propiedad de Walter Bressia, el presidente de Bodegas de Argentina, que proyecta un hotel y un restorán

–Pedro García Mateo

El peronismo critica básicamente que con la resolución 125, que se firmó en febrero de este año, Marinelli habilite que avancen esos pozos, apenas seis meses después de que con una resolución previa – la 1.108 que se firmó en agosto de 2024-, Irrigación había ratificado la “continuidad de la situación de restricción para el otorgamiento de nuevos permisos de perforación” por dos años.

Pero además se guardan otra carta en la manga. Aseguran que la resolución 125 “nunca se publicó en el Boletín Oficial”.

“Es por lo menos llamativo que la resolución anterior, la 1.108, que restringía el otorgamiento de esos pozos con los argumentos de que no había agua en ese acuífero, se firmó el 5 de agosto del 2024 y se publicó en el Boletín Oficial dos días más tarde. En cambio a esta resolución que mágicamente encontró agua para otorgar el uso de esos pozos nunca se la publicó”, remarcó el senador Félix González, uno de los que motoriza el pedido de jury contra Marinelli por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Entre los argumentos que usarán, remarcarán que al no publicarse esa resolución oficialmente también se pudo perjudicar a otros interesados en hacer perforaciones, y se les impidió cuestionar la elección de aquellos cuatro empresarios que se beneficiaron.

Con todo eso llegarán a la Legislatura para pedir el Jury de Enjuiciamiento contra Marinelli, y aunque son conscientes de que podrían faltarles votos para que eso avance, aseguran que esta medida es sólo el primer capítulo de una novela política que proyectan será más larga.

“Si la política lo salva, quedará por escrito la lista de quienes creen que Marinelli actuó bien con su decisión de otorgar esos pozos. Después ellos deberán responder por lo que firman”, resaltan amenazantes.

Marinelli, envalentonado, jugará sus cartas en Diputados

Apenas se conoció el cuestionamiento del PJ a la decisión de otorgar esos pozos en esa zona de Agrelo, que además es altamente codiciada por quienes pretenden hacer emprendimientos, productivos, inmobiliarios, turísticos y gastronómicos en la zona, el mismo Sergio Marinelli salió a explicar su decisión.

Argumentó que los pedidos de las cuatro empresas habilitadas en febrero estaban pendientes desde 2019. Esas solicitudes ingresaron tras un proceso iniciado en 2017, que buscó ordenar la entrega de permisos de perforación en la margen derecha del río Mendoza.

Ese reordenamiento se implementó luego del escándalo de 2010 por la entrega irregular de 19 pozos. En ese contexto, el entonces superintendente José Luis Álvarez –quien sucedió a Eduardo Frigerio– optó por sustituir pozos en lugar de otorgar permisos respetando el orden de inscripción.

Marinelli sostuvo que, tras ese proceso, se autorizó el uso de agua a quienes estaban inscriptos hasta ese momento. “Los técnicos hicieron los cálculos y analizaron la disponibilidad del recurso según la cantidad de inscriptos”, señaló.

“De estos habilitados para perforar, siete no cumplieron con las condiciones establecidas, por lo que se les dio de baja; lo que permitió liberar un remanente de agua”, explicó Marinelli.

La resolución 125 -dictada en febrero de este año- habilita entonces a las cuatro empresas a solicitar los permisos para perforar pozos de agua. Y resalta que el objetivo es “garantizar la sostenibilidad del acuífero y optimizar la recarga”.

Según establece esa resolución, se habilita a:

CRESUD SACIF y A: se le asignaron 2.497 hm³ en total. Este volumen se desglosa en 2.0 hm³ provenientes del remanente de permisos caducos/inactivos (que era de 3.012 hm³) y una cuota sostenible de 0.497 hm³/año. Recibió cinco permisos de perforación que están ubicados en la Región A (o Abanico de Agrelo), una zona que ha mostrado un ascenso en los niveles de agua y una buena recarga.

CHIMPAY LA RIOJA S.A.: se le asignó un volumen de 0.89 hm³. Recibieron 2 permisos de perforación que se encuentran en la Región B (o central), una zona que ha experimentado un descenso en los niveles de agua, por lo que la distribución se condiciona a la recarga. Se les asignó 1,012 hm³ del volumen caduco, pero su recarga presenta mayor incertidumbre.

GARCIA MATEO PEDRO: se le asignó un volumen de 0,11 hm³. Recibió 1 permiso de perforación que se ubica en una zona de descenso de niveles.

GRAPPOLO S.A. (Walter Bressia): se le asignó un volumen de 0,007 hm³. Recibió 1 permiso de perforación para uso industrial y recreativo. Está en una zona de descenso de niveles.

Una de las claves de la resolución marca que la reasignación de estos volúmenes se realizó bajo la “condición de que se mantenga la restricción general de la cuenca” y se fundamenta en estudios técnicos anuales para asegurar “la sostenibilidad del acuífero y el respeto de derechos adquiridos”.

El superintendente de Irrigación argumentó también que la decisión de otorgar esos permisos se tomó luego de que CRESUD recurriera a la Corte para exigir una definición por parte de Irrigación sobre su derecho. La Justicia ordenó que el organismo se expidiera, y así lo hizo.

“Esto demuestra que no hubo privilegios en la inscripción de estas firmas”, insistió.

Sin embargo, la oposición también pondrá su lupa en este argumento. Es que el fallo de la Corte se dio en diciembre del 2023 y la resolución que habilita a los nuevos pozos se firmó en febrero de este año.

“La Corte pidió una definición, yo le pedí a mis técnicos que evaluaran la disponibilidad de agua y de esos informes que sostenían que con la habilitación de esos pozos no se dañaba el acuífero salió la resolución para habilitar los pozos. Si yo no avanzaba con esa medida, esto iba a ser una catarata de juicios”, argumentó Marinelli, que este martes irá a la Cámara de Diputados flanqueado por Juan Carlos Masini, director de Asuntos Jurídicos de Irrigación y por el subdirector de Aguas subterráneas, Mario Rumiz.

El poroteo no le alcanza al PJ para avanzar con el jury

Para que el pedido de Jury de Enjuiciamiento que en teoría presentará formalmente el PJ este lunes logre avanzar, necesitará del voto de la mayoría de los 21 integrantes de ese cuerpo que conforman en partes iguales entre la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, aportando 7 integrantes de cada espacio.

Hoy en esa conformación figuran los siete jueces de la Corte: Dalmiro Garay, Teresa Day, José Valerio, Mario Adaro, Julio Gómez, Omar Palermo y la última incorporada Norma Llatser.

A ellos se suman los senadores designados por el bloque Cambia Mendoza: Martín Kerchner, Alejandro Diumenjo, Natalia Eisenchlas y David Sáez.

En tanto el Partido Justicialista designó como titulares a Mauricio Sat y Helio Perviú. Y por su lado La Unión Mendocina está representada por el senador Ariel Pringles.

Por los diputados figuran como titulares los oficialistas Jorge López, Daniel Llaver, Ricardo Tribiño y Beatriz Martínez de Cambia Mendoza; Oscar Torres, de Hacer Por Mendoza -que suele acompañar al oficialismo-; Jorge Difonso de La Unión Mendocina y Germán Gómez del PJ.

Para que un pedido de Jury de Enjuiciamiento avance se necesita el voto de 12 de esos 21 integrantes y para tomar una decisión al menos 11 de esos votos.

Aunque no lo digan a viva voz, en el Gobierno creen que tienen al menos 12 votos para rechazar el pedido del jury. Es que a los 8 legisladores propios sumarían el voto de Torres y confían en tener al menos 3 votos más en la Corte, lo que de confirmarse terminaría por bochar el pedido del PJ.

Es claro que políticamente Marinelli cuenta con el aval del oficialismo, algo que dejó en evidencia el mismo presidente de la UCR y titular de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, quien retrucó el pedido de jury que fogoneó Fernández Sagasti y pidió que se lo escuche en la Legislatura.

Fuente: Diario UNO