Foto: EL EX JARDINERO ARMANDO GÓMEZ (CONDENADO A 18 AÑOS DE PRISIÓN) Y LOS CURAS HORACIO CORBACHO Y NICOLA CORRADI, CONDENADOS A 45 Y 42 AÑOS; RESPECTIVAMENTE.
El caso de abuso eclesiástico más importante de la historia de Mendoza ya tiene su condena firme. Esta mañana, la Corte provincial ratificó las altas condenas (45 y 42 años para los curas Corbacho y Corradi) que habían sido dadas a conocer en el juicio de noviembre del año pasado. Las partes puede recurrir a la Corte Suprema de la Nación todavía.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó esta mañana las históricas condenas contra los sacerdotes Horacio Corbacho (a 45 años de prisión) y a Nicola Corradi (42 años de prisión) por los abusos sexuales y episodios de corrupción de menores que cometieron en el instituto religioso para la educación de chicos sordos Antonio Próvolo (Luján de Cuyo). También ratificó la condena al ex jardinero Armando Gómez, quien fue sentenciado a una pena de 18 años en la cárcel.
La resolución de la Corte, firmada por el presidente Dalmiro Garay y con el ministro Pedro Llorente y la jueza de cámara Alejandra Orbelli como preopinantes, ratifica por unanimidad la sentencia que los magistrados habían dado a conocer el 25 de noviembre del año pasado en la resolución judicial del mayor escándalo de abuso eclesiástico en la historia de Mendoza. En ese sentido, confirma las condenas y las absoluciones del tribunal. El máximo órgano judicial de Mendoza debía expedirse al respecto antes del 30 de septiembre.
Además, no hacen lugar a las casaciones interpuestas tanto por la defensa de los condenados como por los los abogados de las víctimas (sobre todo por uno de los hechos por los que la Justicia absolvió al cura Corbacho); por lo que es prácticamente un hecho que ambas partes recurrirán a la Corte Suprema de la Nación para insistir en estos pedidos. En el caso de los abogados de los sobrevivientes, si bien la sentencia condena a los autores de los delitos; insistirán con un recurso extraordinario federal ya que el tribunal absolvió a Corbacho en uno de los aberrantes hechos de violación (esto también fue ratificado por la Corte).
Los hechos
La mañana del 25 de noviembre del 2019 fue histórica en los tribunales de Mendoza. Con las altas condenas a los tres imputados que llegaron a juicio en la primera de las causas del Caso Próvolo en Mendoza -a ellas se suma la de Jorge Bordón, quien había sido condenado en septiembre de 2018 dentro de la misma causa y a 10 años de prisión-; los y las sobrevivientes de los abusos encontraron algo de paz. Habían sido incontables años de padecimientos, sufrimientos y pesadillas que incluyeron violaciones, tocamientos, maltratos y hasta episodios en los que fueron obligados a ver videos con pornografía. Y con las condenas en Mendoza, hubo justicia; no solo para los ex alumnos del Próvolo mendocino, sino también para los de las sedes de La Plata y de Italia, donde otros jóvenes habían denunciado haber sido abusados con anterioridad, aunque los casos no llegaron a juicio. Y con un detalle clave: en esas dos sedes, al igual que en Mendoza, estaba Corradi entre los acusados.
Corradi ya tiene 84 años y hace efectiva su condena (la misma que fue confirmada esta mañana) en la modalidad de prisión domiciliaria, en un hogar para ancianos. Corbacho cumplió sus 60 años en la cárcel de Boulogne Sur Mer; el mismo lugar en el que Gómez recibió sus 50 años a principios de septiembre.
De los 25 hechos con que llegaron al momento de la sentencia los tres imputados, los jueces condenaron a los dos curas y al ex administrativo por 20. Así las cosas, de los 16 hechos por los que estaba acusado Corbacho, fue condenado por 13. En tanto, Corradi fue condenado por las 5 imputaciones que cargaba; y Gómez -que había llegado a la sentencia con 4 acusaciones- fue sentenciado por 2. Todo esto fue ratificado por la Corte mendocina.
En la Justicia mendocina se logró aquello que era una pesada y dolorosa deuda para los ex alumnos del Próvolo; no sólo de nuestra provincia, sino también de Verona (sede central) y de La Plata. Y la noticia trascendió cualquier frontera, tanto que fue celebrada -con emoción– por una de las víctimas de Corradi en la ciudad italiana de Verona.
Fue Gianni Bisoli (61), uno de los ex alumnos de la sede central del Próvolo y quien había denunciado al octogenario sacerdote por abusos y maltratos entre las décadas de 1960 y 1970. Pese a que hubo una causa judicial en la Justicia italiana, el proceso quedó nulo; y la red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales en Argentina -en conjunto con su par en el país europeo, La Rete- denunciaron y demostraron que para lograr que el juicio “se cayera” en aquel país, las autoridades eclesiásticas alteraron documentación clave referida a fechas.
Aquella mañana mendocina del 25 de noviembre (tarde en Italia), Bisoli y otras víctimas siguieron la lectura de la sentencia de manera online. Y la emoción luego de la condena fue indisimulable.
“Finalmente… ¡Gracias, a la Justicia Argentina!. ¡Gracias!”, alcanzó a decir Bisoli con la voz quebrada antes de comenzar a llorar emocionado cuando le informan que Corradi había sido condenado a 42 años de prisión; según puede verse en un video subido en la página de Facebook de la Asociación de Sordos “Antonio Próvolo” (de Italia).
En la explanada de los Tribunales provinciales, aquella mañana también se encontraba -acompañando a los sobrevivientes mendocinos- Daniel Sgardelis, uno de los denunciantes en La Plata y cuya causa que salió a la luz luego de que se conociera el escándalo en Mendoza se reactivó en manos de la fiscal Cecilia Corfield.
El segundo juicio
El Caso Próvolo no llegó a su fin con el fallo de noviembre del año pasado, aquel que incluyó las tres condenas que hoy fueron ratificadas por la Corte mendocina.
Es que los hechos cuentan, además, con otras 9 mujeres que están imputadas y quienes ya comenzaron a transitar el camino previo al segundo juicio por los abusos en el instituto de Carrodilla. Entre ellas hay dos monjas: la japonesa Kumiko Kosaka, y quien era su superiora en lo referido a la custodia del albergue de chicas, Asunción Martínez.
Aunque no tiene fecha confirmada el inicio del proceso, en febrero comenzaron las audiencias preliminares. Primero de forma presencial y por estos días con audiencias remota, los abogados de las víctimas y de las acusadas se han encargado de hacer su presentación de pruebas, su exposición de los hechos; así como también de solicitar nulidades. De hecho, desde hace ya varias semanas las audiencias remotas (virtuales) encabezadas por el juez Horacio Cadile se han extendido hasta los sábados por la mañana.
En cuanto a las imputadas, ocho de ellas están en libertad; mientras que la monja Kosaka cumple con prisión domiciliaria. La religiosa japonesa tiene las imputaciones más aberrantes: suma en total 7 acusaciones formales, entre las que se destacan algunas como autora de hechos y otras como partícipe (entre otras cosas está acusada de ser la “entregadora” de algunas víctimas para que sean vejadas por el cura Corbacho).
En tanto, la monja Martínez, la ex representante legal del Próvolo, Graciela Pascual, cuatro ex directoras del establecimiento, una psicóloga y una ex cocinera, están imputadas como partícipes por omisión (no denunciar los hechos que ocurrieron en el Próvolo). A las dos monjas y a Pascual se le suman entre las imputadas las ex directoras Gladis Pinacca, Cristina Leguiza, Valesca Quintana y Laura Gaetan; la psicóloga Cecilia Raffo y la ex cocinera Noemí Paz.
La acusación del Ministerio Público Fiscal contra las nueve imputadas -tal y como está formalizada- prevé más condenas a prisión dentro del Caso Próvolo. De acuerdo a la imputación con que han llegado a esta instancia, las mujeres podrían llegar a recibir condenas altas y similares a las de los autores (la máxima es de 50 años de prisión).
Por parte de la defensa, de acuerdo a lo evidenciado hasta el momento en las audiencias preliminares, la estrategia apunta a exculpar a las involucradas. O, en caso de que haya condena, sea por “encubrimiento”. En este caso, las penas son menores.
No obstante, esta misión no será fácil para los abogados defensores. Es que cada vez que alguna de las imputadas que están o estuvieron cumpliendo prisión preventiva solicitaron el recupero de la libertad para que se las considere como encubridoras y no partícipes, la Justicia no hizo lugar al cambio de calificación.
Fuente: Los Andes
