Ambientalistas difundieron un comunicado en repudio al proyecto presentado por el intendente de Malargüe para hacer minería por fuera de la ley 7722.
La semana pasada el intendente de Malargüe, Manuel Ojeda, presentó en la Legislatura un proyecto para poder desarrollar la minería metalífera en el departamento sureño.
Desde que se anunció la presentación de este proyecto, las Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura (AMPAP), vienen desarrollando actividades para frenar la iniciativa y en las últimas horas emitieron un comunicado en repudio.
“Como hizo Rodolfo Suárez en 2019, una vez más políticos y grandes medios impulsan intereses del lobby minero, mienten, desconocen la voluntad popular y que en Mendoza la megaminería contaminante NO tiene Licencia Social”, menciona tajante el escrito difundo.
Sin aval del Gobierno provincial, la propuesta contempla zonas donde estará prohibido el uso de sustancias tóxicas. El mandatario informó que el radio donde se podrá desarrollar la actividad minera equivale al 0,05% del territorio provincial, algo así como 200 hectáreas.
Sin embargo, desde el ambientalisto aseguran que “Si los legisladores aprobaran el proyecto de Ojeda, diseñado justo a medida del proyecto de oro Don Sixto, la Ley 7722 quedaría eliminada en buena parte de Malargüe, y Yamana Gold pronto estaría usando cianuro. Si fuera ley el proyecto de Cairo, Minera San Jorge y otras empresas podrían utilizar en toda Mendoza millones de toneladas de ácido sulfúrico, xantato y otras sustancias tóxicas, y los proyectos mineros quedarían aprobados sin intervención de la Legislatura. Las pretensiones de Ojeda y Cairo violan pues el Acuerdo de Escazú, ratificado por Ley Nacional 27.566, que establece el principio de NO regresión en materia ambiental, por lo cual toda modificación a la Ley 7722 que reduzca su protección al ambiente es inconstitucional”.
A su vez, las asambleas apuntaron a los principales sectores políticas de la provincia y el país. “Cambia Mendoza quiere forzar la megaminería en la provincia, así como en el país Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa (Frente de Todos-PJ) ratifican y profundizan su plan extractivista para pagar al FMI, sacrificando el ambiente y entregando nuestros bienes comunes al capital extranjero. Pero no consideran la voluntad y capacidad de los pueblos para defender sus territorios del saqueo y la contaminación”.
De esta manera, invitan a acompañar “las próximas actividades en defensa del Agua y la Vida como lo hicimos masivamente en diciembre de 2019”.
El proyecto
“La propuesta excluye zonas donde no se podrán usar sustancias químicas como el cianuro o el ácido sulfúrico y prohíbe el uso total del mercurio. Esta exclusión está estipulada a una distancia no menor de 10 kilómetros respecto a los ríos Atuel, Colorado, Grande, Salado, Barrancas, Malargüe, incluidos sus afluentes; a todos los humedales, reservas naturales. Insisto, allí estará prohibido el uso de estas sustancias”, expresó Ojeda.
El Intendente malargüino dijo que su proyecto exige el cumplimiento de la ley de ambiente (25.675), la norma de protección ambiental de la actividad minera (24.585), la protección del medio ambiente (5.961), la de Residuos peligrosos (5.917), la Constitución Nacional y Provincial; la ley de Ordenamiento Territorial (8.999), la ley de presupuestos mínimos para la preservación de Glaciares (26.639), el precepto de protección de áreas naturales (6045) y normas específicas de la Dirección General de Irrigación, entre otras: “Teniendo en cuenta lo dicho, la cantidad de hectáreas disponibles para el desarrollo de la minería no serían mas del 0.05 % del total de la provincial, algo así como 200 hectáreas en el potencial y al cien por ciento de desarrollo de este sector”.
Al ser consultado sobre los miedos que generan en la población el tema de la minería, Juan Manuel Ojeda aseveró: “Como se verá, se tratan de pequeñas zonas donde desarrollar la actividad de este sector. Queremos que los vecinos puedan estar tranquilos, el miedo es fácil de generar y la forma de enfrentarlo es dando garantías y la seguridad que en las cercanías de esos ríos o reservas naturales no se hará minería. Queremos el desarrollo integral de nuestra matriz productiva – que cuenta con licencia social malargüina- pero también queremos que los vecinos de otros departamentos estén tranquilos respecto a esto y que sean respetuosos de la vocación territorial malargüina como lo somos de los otros departamentos”.
El proyecto incluye la creación de la Policía Ambiental de actividades extractivas, la cual será financiada por la Tasa de Fiscalización y Control Ambiental y que permitirá controlar todos los proyectos. Esta institución brindará informes semestrales a la Comisión Bicameral de Seguimiento de Actividades extractivas (que está incluida también en la citada iniciativa) que garantiza la participación ciudadana y de las organizaciones sociales. La norma prevé también el acceso a la información, simple y ágil; se podrá observar avances, capacidad de producción, exploración, etc.
Además, se crea el “Fondo de Desarrollo de Infraestructura Municipal y Provincial”. Las empresas que trabajen en temas mineros en Malargüe deberán abonar el 1.5% del valor de venta de sus productos. Al ingresar ese porcentaje a las arcas provinciales se destinará el 50 % a obras de la provincia y el otro 50% a Malargüe. El Intendente sureño indicó que “se tratan de obras hídricas, de saneamiento, viviendas, urbanizaciones para barrios que estén en situación de emergencia. Este dinero no estará destinado a gastos corrientes, aumento de planta personal; en fin, es la base del futuro de Mendoza” y aclaró que este monto estará por fuera de lo que percibirá en concepto de regalías (3%).
