Valle de Uco, Sábado 25 de Mayo 2019
Tunuyán
Sunny
20°C
 
Tupungato
Más claros que nubes
17°C
 
San Carlos
Soleado
20°C
 

Por Paula Hinojosa

Hoy se realiza el Encuentro Regional de los 4 IES en el Valle de Uco, una instancia que puede servir tras los recientes conflictos en tornos a los Institutos de Educación Superior en la provincia. Conflictos que pueden devenir en profundizar un problema de la educación regional superior o un mejoramiento de sus instituciones. Algo es seguro: la situación actual amerita esfuerzos serios para una comprensión menos sesgada de los IES.

En zonas alejadas de los centros urbanos, como el Valle de Uco, los IES representan espacios sociales y formativos fundamentales para generar estructuras sociales, culturales y laborales de inserción, que de ningún modo los estamentos universitarios pueden ofrecer y garantizar. Sin embargo durante estos años terminó primando un interés político partidario frente al de la educación.

No me siento una especialista (en todo caso: todos los somos), para efectuar un análisis de lo que actualmente está ocurriendo en los IES, por lo tanto esta nota representa una opinión de quien se considera en permanente formación y se ha propuesto -por sobre todo- escuchar, analizar, investigar, debatir. Sin embargo, hay algo que he descubierto por mi aproximación y defensa de la actividad política en general: para que un Estado funcione se debe ejercer presencia y transparencia, y para que esto suceda deben existir instancias de planificación continua y conjunta.

Desde hace algunos años, los IES establecieron planificaciones autárquicas mediante formas selectivas de gestión, que perjudicó un elemento clave que precisamente debía garantizar: el derecho al acceso igualitario y de calidad en la educación. Y esto en la medida que el derecho, acceso y calidad educativa no sólo lo otorga su rasgo público (el cual sin duda hay que mejorar), sino su proyección y articulación al mundo del trabajo, el profesionalismo, el crecimiento socioeconómico de la región, la identidad territorial, el vínculo producción-saber, etc.

Muchos IES estuvieron durante años preocupados en una  acumulación de poder político a costa de una educación real. Una estafa a los alumnos; vayan mis disculpas si este término ofende a esa comunidad educativa que sí asumió compromisos genuinos y al gran estudiantado que aún cree en la educación de los IES, en su territorialidad, fuera de mezquindades políticas.

La educación debe ser transformadora, liberadora. Y para que esto ocurra, la transformación de la sociedad en su conjunto implica necesariamente transformar la educación superior. Más aún cuando la oportunidad de obtener un título superior siempre fue limitada para las mayorías residentes en zonas alejadas de estos centros urbanos.

Es inconcebible que en los últimos 10 años se subsidiasen millones a Institutos de Gestión Privada (cuestión muy contradictoria si pensamos en Institutos Estatales que ni siquiera cuentan con lugar propio); es irracional que existan Sedes e Institutos que compiten entre sí en un mismo lugar; que existan carreras con tres alumnos y más de diez profesores en algunos años; que en los últimos años se abrieran carreras con cinco alumnos; y que casi ningún instituto haya planificado seriamente una salida laboral para sus estudiantes (esto se sostiene con argumentos). Es sinónimo de retroceso para la calidad educativa que el ingreso de los docentes se realice con lista de méritos que elaboran las propias instituciones; y que los contenidos trabajados por los docentes no se vinculen con otros espacios y docentes del mismo instituto (ni hablar su articulación con otros institutos). Y es una estafa a todos los que componemos el Estado que, por ejemplo, en un IES actualmente  hayan 300 profesores -más que la universidad- tengan 8 tecnicaturas, 8 unidades académicas en la provincia (sedes), y existan dentro de esa estructura Carreras que en 13 años tan sólo se hayan recibido 15 personas. Hay otros casos, por ejemplo en la Tecnicatura de Preceptores existen 1000 estudiantes en todo Mendoza para 200 cargos a cubir; en el año 2014 se matricularon 7.302 estudiantes en Carreras de Formación Docente, y en 2017, cuando estos alumnos debían estar en condiciones de rendir en el Operativo Enseñar, sólo cumplieron con las condiciones 880 alumnos, sólo el 12 % logró la continuidad en el sistema.

Podríamos ofrecer muchos ejemplos y datos, pero no alcanzaría esta nota. Digamos por el momento: ¿Cuántos profesores de arte, técnicos en comunicación, en economía social, etc., tienen trabajo fuera de la docencia? ¿Cuántos estudiantes de administración pública se han insertado en el mercado formal de trabajo? ¿Cuántos comunicadores tienen trabajo en base a la construcción de medios alternativos y comunitarios? Esto es una tarea que le incumbe al Estado, sin duda, pero que bien podrían haber planificado los propios IES. Por ello se habla de “estafa al alumno”, porque se abren carreras y se le ofrecen formaciones al alumno con poca salida laboral o, en otros casos, con planificaciones débiles. Hay muchos relatos de estudiantes que literalmente se arrepienten de la carrera y hablan de la baja calidad educativa (esto se comprueba con la gran deserción que existe en muchas carreras; empiezan con más de 25 alumnos y terminan 3). Deben saber los lectores que muchas de las aulas satélites que en su momento se inauguraron, significaron estructuras de poder partidario, pero esto no es lo peor, fueron puestos políticos que se edificaron sobre la base de posibilidades, oportunidades cercenadas y esperanzas de sus estudiantes.

Esto traduce no solo la ineficiencia de un sistema, sino su encrucijada sobre en la que ella misma se entrampó. Algunos intentan imponernos “falsamente” una defensa del Derecho a la Educación, refutada en los datos mencionados anteriormente. La Educación Superior, por lo visto, no se profundizó. Y además, distintos actores utilizaron esas estructuras para fines individuales políticos partidarios.

De las discrepancias a los consensos necesarios en el Nivel Superior

La propuesta, pues, debe ser otra: una discusión superadora, un conflicto que permita avanzar sin “negar” las contradicciones reales. En este sentido, el gobierno provincial plantea criterios de mejora que es necesario entender, fuera de meros pre-juicios ideológicos.

La gran brecha educativa y la falta de una territorialización real de la misma es la gran falencia del sistema superior, y muy lejos estamos de resolverlo si seguimos reproduciendo esquemas, paradójicamente, desiguales. Dicho sea de paso: se ha escuchado amplificadamente afirmar que los estudiantes de los IES son de segunda o tercera categoría, por el solo hecho de trabajar o tener familia. Vaya absurdo. Nuestros estudiantes (me incluyo), que trabajamos y tenemos familia a cargo, debemos considerarnos “mejores” que aquellos que no padecen los avatares de la vida, el trabajo y la familia. Pertenecemos a una misma categoría: la de futuros profesionales con enormes capacidades, intelectuales y materiales, porque nada “mejor” que un profesional viva, conviva y se desarrolle junto a sus pares, a su entorno, a su comunidad.

Voy a lo fundamental: ¿Acaso no representa un recorte la inversión en carreras que no tienen alumnos o no son debidamente potenciadas en su territorio? Mi pregunta: ¿cómo se mide la calidad educativa cuando la orientación está sujeta a particularismos e intereses coyunturales? ¿Es erróneo, acaso, abrir una tecnicatura para ampliar profesionales de enfermería, enología, analistas en sistema, en el Valle de Uco? ¿Es antidemocrático, acaso, que existan elecciones directas para que toda la población educativa designe sus representantes en los IES y no sean elecciones “cerradas” como lo son actualmente? ¿Qué objetivo puede perseguir una institución que no planifica la salida laboral de su estudiantado, y no promueve la participación de todas las partes en su funcionamiento diario?

No perdamos de vista lo planteado: una de las primeras modificaciones que planteó el Decreto 530 es el ingreso “público y abierto” de los docentes a los Institutos, algo que actualmente se realiza con listas de méritos que elaboran las propias autoridades: por ello existen personas dando materias para las cuales no tienen prácticamente formación.

Por su parte, la Resolución 2010 establece carreras prioritarias y regula en forma objetiva el espacio del Instituto. Esto fue cuestionado mediante dichos que argumentaban que se prohibiría, por ejemplo, la formación de los Centros de Estudiantes. O que se anularían Carreras que actualmente se dictan. Nada más alejado de la realidad. Por el contrario, por primera vez hay un reglamento que establece el funcionamiento de los IES. Esto es: no está prohibido el uso del edificio para los Centros de Estudiantes. Al contrario, se fomenta su organización dentro del habitual funcionamiento del Instituto.

No está de más agregar que estas medidas, en lugar de consensuarse o potenciarse en debates fructuosos, son bajadas al personal docente o estudiantes por parte de algunas autoridades mediante dichos y acciones desalentadoras, trasladando a los mismos un comportamiento atemorizante, de incertidumbre inoportuna con aquellos que no comparten sus espacios políticos de gestión.  Como dije al principio, intentaron imponernos una falsa lucha en defensa de la educación pública cundo en realidad se está pretendiendo  preservar algunos privilegios que atentan diariamente contra la calidad educativa y el desarrollo del estudiante en el ambiente laboral y comunitario.

Seamos profesionales y actuemos con coherencia, lealtad, verdad y compromiso. Decidamos “hacer las cosas bien, o lo mejor que se pueda”. El Estado y los IES deben trabajar en conjunto para superar las dificultades y mejorar el sistema. Estamos hablando de un sistema que debe llevar a todos los actores a reasumir sus compromisos, en favor de los estudiantes, de la región y de la propia comunidad.

 

Share This