El primer proyecto plantea una jubilación a los 57 años, entre otros derechos.
Luego de que la oposición no diera quorum el pasado 5 de octubre, y dejará trunco su avance para convertirse en ley, este martes se debatirá un nuevo régimen previsional para trabajadoras y trabajadores viñateros, y modificar el Estatuto de Contratistas de Viñas y Frutales.
La propuesta pertenece a de Anabel Fernández Sagasti y fue aprobada por el Senado en noviembre del 2020.
La iniciativa establece un régimen previsional especial para trabajadores de establecimientos viñateros y para contratistas de viña, para que puedan acceder a la jubilación con un mínimo de 57 años, sin distinción de sexo, en tanto acrediten 25 años de servicios, con aportes. Y, por otro lado, amplía las mensualidades de contratistas a todo el año.
Se debió retocar el primer artículo del proyecto, que establece como beneficiarios a los trabajadores vitícolas amparados en el Convenio Colectivo de Trabajo 154/91; y a los contratistas de viña y frutales comprendidos en la Ley 23.154, “en tanto desarrollen actividades que generen un envejecimiento prematuro”.
Este último agregado generó preocupación entre organizaciones del sector, que entienden que se “condiciona” el derecho de acceder a la jubilación anticipada y llevaron el reclamo al ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
Por otra parte, se establece además que la remuneración mínima por hectárea y por año definida por la comisión paritaria se abonará distribuyendo el importe en 12 pagos (no en 10, como es actualmente), con sus correspondientes aportes previsionales y beneficios.
Asimismo, se prevé que, si el trabajador o trabajadora hubiere desarrollado de manera alternada tareas propias de la actividad vitivinícola y otras de cualquier naturaleza, se efectuará un prorrateo en función de los límites de edad y de servicios requeridos para cada actividad.
A su vez se contempla que corresponde también al contratista un porcentaje de la producción, que en ningún caso puede ser inferior al 15% ni superior al 19%, deducidos los gastos de cosecha, acarreo y todos aquellos comunes y normales en la comercialización de las uvas y frutas.
Etiquetado frontal
Otro de los proyectos que dejó trunco Juntos por el Cambio, luego de no presentarse a sesionar, fue el del etiquetado frontal, que plantea una ley que obliga a la industria de la alimentación a incluir en los envases de sus productos un etiquetado frontal con octógonos negros en el que advierta sobre los excesos de azúcares, sodio, de grasas saturadas y totales y calorías.
En esta iniciativa trabajaron los senadores mendocinos Julio Cobos (Juntos por el Cambio) y Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) y consiguió en 2020 el dictamen de las comisiones de Salud y de Industria y Comercio.
