El debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo continuaba este miércoles en las comisiones del Senado, donde el jueves se espera emitir dictamen para poder tratar el proyecto en el recinto el viernes 29.
El Senado realizó hoy la segunda jornada de debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo con las exposiciones de sanitaristas y expertos en medicina legal que presentaron distintas posturas sobre los efectos que podría tener la aprobación de la ley.
La primera de las expositoras, Stella Manzano, ginecóloga y especialista en medicina legal, defendió la propuesta al considerar que “salva vidas de niñas embarazadas por violación que triplican su riesgo de morir en el parto con respecto a las más grandes”.
Para María de Urraza, médica obstetra, en cambio, la iniciativa tiene como meta “promover el aborto genésico, legitimar los que ya se realizan en hospitales, el aborto a libre demanda y sin límite de edad gestacional y amedrentar a los médicos que se resisten a obrar contra su conciencia”.
La exposición de esta especialista fue cuestionada por algunos senadores en el turno de las preguntas, como el senador Matías Rodríguez y la senadora Nancy González, del Frente de Todos, por sus dichos respecto de que la decisión de la mujer de practicarse un aborto implica “un suicidio emocional”.
Respecto a los costos del sistema de salud, Sonia Tarragona, del Ministerio de Salud de la Nación, precisó que hoy “se gasta mucho más por no hacer los abortos en el sistema legal que si se hicieran dentro del sistema” y afirmó que el sistema de salud gasta entre 2,6 por ciento más que si se decidiera avanzar en la legalización”.
“El argumento del costo no debiera ser un argumento para avanzar en esta práctica, es falaz creer que nos va a costar más caro como sistema”, sostuvo la funcionaria, que defendió la propuesta de legalización, con media sanción de la Cámara de Diputados.
Mariana Romero, del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, ponderó las consejerías que buscan acompañar a la mujer gestante como “espacios de consulta” en los que “nadie obliga a nadie” y sirven para “ofrecer información de calidad”.
Por su parte, Analía Mesina, jefa del servicio de Obstetricia del hospital Alvarez y de la Red de Acceso al Aborto Seguro, advirtió que “la negación del aborto es un embarazo forzado” y rechazó que haya “estudios científicos que explican que solo por ser portadora de mandatos biológicos se someta a la mujer a un embarazo forzado sin oportunidad de elegir”.
Gabriel Flores Ciani, médico psicoterapeuta, explicó su rechazo desde la neurociencia, al señalar que la gestación “es un proceso en el cual la mente humana de la mamá se va armando y preparando para ser una persona gestante”.
El especialista afirmó que por ello “el cerebro (de la gestante) está preparado para aceptar la maternidad” y sostuvo que “biológicamente, más allá de si tuvo una violación o un embarazo no deseado, la psiquis de la mamá está preparada para amar a su hijo”.
Angélica Sarmiento, ginecóloga y especialista en bioética, advirtió que este proyecto de ley “prostituye” a la profesión de los médicos “convirtiéndolos en verdugos para destruir dos vidas” y cuestionó a quienes “niegan que un embrión sea humano” ya que “genéticamente lo es”.
Noelia Vera, secretaria de la Igualdad y contra la Violencia de Género de España, precisó que en ese país la legalización no aumentó la cantidad de abortos y afirmó que “la mayoría de las mujeres toman la decisión antes de las nueve semanas” de gestación y no han utilizado la práctica “como método anticonceptivo de partida”.
El exministro de Salud de la gestión de Cambiemos, Adolfo Rubinstein, sostuvo que el aborto existe, “existía cuando el presidente Mauricio Macri habilitó el debate en 2018 y sigue existiendo ahora que el presidente (Alberto) Fernández envió el proyecto y sigue estando en la agenda social de nuestro país” por lo que pidió su aprobación.
Héctor Barceló, director del Departamento de Bioética de la Fundación Barceló, cuestionó que la norma “obligue a todas las prestaciones a pagar todos los abortos” y afirmó que “no otorga a ningún derecho, sino que restringe los derechos de una amplia mayoría de la población coartando el derecho a la vida, a la privacidad y a llevar a cabo un proyecto de vida digna”.
El debate continuaba esta tarde con otros diez especialistas y concluirá mañana con la firma del dictamen para ser tratado en el recinto el 29 de diciembre.
Fuente: Télam
