Preocupante: un 32,2% de los argentinos sufre de inseguridad alimentaria y problemas de acceso a la salud

El nuevo relevamiento del Observatorio de la Deuda Social sobre pobreza multidimensional ratificó el 40,8% de pobreza por ingreso en el 2019.

Hay un 33,5% de la población que vive en zonas sin agua potable o red cloacal.

La Argentina sigue siendo un país de pobreza en su amplio
sentido: no solo por los niveles de ingreso sino por la acumulación de
carencias, ya que un 32,2% de la gente sufre de problemas de inseguridad
alimentaria y de acceso a la atención médica o medicamentos, un 40,8% está bajo
la línea de pobreza y al menos un 33,5% vive en zonas sin agua potable o red
cloacal.

Según el último informe del Observatorio de la Deuda
Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que realiza una
radiografía del déficit en siete dimensiones de los derechos y pobreza en la
Argentina, reveló que en el 2019 se registraron agravantes en cuanto a la
pérdida de derechos y la profundización de situaciones más vulnerables de la
población.

“Si bien se pudo visualizar una leve mejora en el acceso de
la gente a algunos servicios y vivienda digna, hay datos de elevados niveles de
pobreza por ingreso o inseguridad alimentaria que hablan de una Argentina que
sigue fragmentada”, explicó a Infobae Agustín Salvia, director del
Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

En este sentido, el último relevamiento de esa institución
sostiene que la inseguridad alimentaria que implica la reducción
involuntaria de la porción de comida o la percepción de manera frecuente de
experiencias de hambre pasó del 28,2% en el 2018 al 32,2% de la población en el
2019. Esta cifra también se traduce en un incremento de los problemas de
la gente para el acceso a atención médica o a medicamentos y se ubica entre los
parámetros más altos registrados en los últimos 10 años en la Argentina.

Algo similar ocurre con la pobreza por ingresos, donde
pasó del 33,6% en el 2018 al 40,8% en el 2019 y es la cifra más elevada de
los últimos 10 años, que no se veía desde el 2006 o 2007.

La encuesta de la UCA se hizo en 5.760 hogares de todo el
país y midió las siguientes dimensiones: alimentación y salud, servicios
básicos, vivienda digna, medio ambiente, accesos educativos; empleo y seguridad
social y pobreza por ingreso.

Así, en otra de las variables multidimensionales que se
detectaron se observó que hubo un aumento de personas con empleo no
registrado: este dato se incrementó del 31,3% en el 2018 al 33% en el 2019,
llegando así a los niveles del 2010.

El déficit que se observa a nivel de las personas en la
dimensión alimentación y salud experimentó un descenso inicial y,
marcando un pico en 2014, se ubicaba en torno del 23,2% para el año 2015,
mientras que a partir del año 2016 las condiciones de privación comienzan a
incrementarse hasta alcanzar al 32,2% de las personas en 2019.

Para Salvia, esta evolución se explica desde 2016 por las
dificultades para el acceso a medicamentos y a la atención médica y desde 2018
por el incremento de la inseguridad alimentaria severa, en un contexto de
fuertes incrementos de los precios de medicamentos y alimentos y un descenso
del consumo en términos generales.

En relación al acceso a servicios básicos se observa
una mejora importante a lo largo de todo el período, donde los hogares que
presentan privación en esta dimensión pasan de representar del 38% en 2010 al
30% en 2019. Esta dinámica positiva se explica por el mayor acceso por
parte de los hogares a los servicios de agua corriente y particularmente del
descenso de los hogares con déficit en el acceso a conexión a red cloacal. No
obstante, los niveles del 33,5% de las personas con problemas de red
cloacal o agua potable siguen siendo elevados para la Argentina.

La situación de la vivienda también experimentó
mejoras sostenidas a lo largo de todo el período, para el año 2019 poco más de
2 de cada 10 hogares no accedían a una vivienda adecuada tanto por sus
materiales, espacio o disponibilidad de servicio sanitario, al inicio de la
serie casi el 29% de los hogares se encontraban en esta situación.

Según la UCA, distintos aspectos podrían explicar esta
mejora en los indicadores de vivienda precaria, hacinamiento y déficit en el
servicio sanitario, entre ellos la disponibilidad de créditos para refacción de
viviendas, la capacidad de ahorro e inversión de los hogares en alguna etapa
del ciclo, como así también los efectos de distintos programas de urbanización
y mejoras en las condiciones de las viviendas.

En la dimensión educación se observa una evolución
irregular, donde la proporción de hogares que tienen al menos una persona
que no asiste a instituciones educativas formales o presenta rezago educativo
se mantiene cercano al 30%, aproximadamente el 12% de la población se encuentra
en esta situación.

Se observa un importante descenso en la inasistencia en los
primeros años de la serie que se mantiene en el tiempo, probablemente por
efecto de la condicionalidad de asistencia que presenta la AUH. Por otra parte,
tras un proceso de incremento del rezago en el nivel medio tras los primeros
años, el nivel tendió a estabilizarse en torno del 26%.

En relación al acceso al empleo pleno y la seguridad
social, el informe de la UCA observó un “deterioro significativo”
particularmente a partir de 2016, donde el nivel de hogares que no perciben ingresos
provenientes de empleo registrado ni de jubilaciones o pensiones contributivas
se incrementó en 5 puntos. Pasó del 25 al 30% del total. “Esta dinámica estuvo
vinculada principalmente al incremento del desempleo y de la precarización
laboral, que impactó más fuertemente sobre los sectores más vulnerables. Se
destaca, a su vez, que sobre estos hogares se incrementó la percepción de
transferencias de ingresos provenientes de programas sociales, aunque la
cobertura está lejos de ser universal para este grupo”, según el informe de la
UCA.

Si se considera la intensidad de la privación en términos de
carencias no monetarias a partir de la cantidad de dimensiones que un
hogar/personas presenta en situación de déficit, entre puntas tuvo lugar un
descenso de los déficits en privaciones de derechos para los hogares afectados
por la presencia de 1, 2 o 3 carencias. La tendencia al descenso de los hogares
con déficit en carencias en derechos sociales a nivel agregado se observa entre
los años 2010 y 2014, luego tuvo lugar un amesetamiento hasta el final de la
serie.

Sin embargo, el informe revela que en 2019 el 65% de
los hogares presentaban carencia en al menos una dimensión, el 44%
experimentaba privación en dos o más de los aspectos considerados, mientras que
el 27,6% se veía afectado en 3 o más de las dimensiones de derechos
consideradas.

Los hogares bajo condición de pobreza por
ingresos y carencias no monetarias experimentaron un importante descenso
en el inicio de la serie en el año 2011 para seguir una tendencia levemente
ascendente hacia 2015. En 2016 comienza un proceso que, con la excepción del
año 2017, expresa un fuerte incremento de la pobreza multidimensional, que
alcanzó al 37,5% de la población en 2019, incrementándose en 8 puntos desde
2010. Esta evolución se explica en gran medida por el deterioro que
experimentaron en esta última etapa los ingresos reales de los hogares, como
así también el impacto que tuvo en dimensiones clave como el acceso a la
alimentación y a la salud y el acceso al empleo y la seguridad social. En
el 2019, la pobreza por ingreso llegó al 40,8%.

El análisis de las brechas de desigualdad según estrato
ocupacional que revela el informe de la UCA demostró que las personas en
hogares cuyo principal aportante de ingresos se encuentra en los estratos
ocupacionales más vulnerables (trabajador marginal) presentan más de 5 veces
más posibilidades de encontrarse en situación de pobreza multidimensional que
las que forman parte de hogares de estrato medio. Al mismo tiempo, también se
destaca que la pobreza multidimensional afectó de manera central a las personas
en estratos ocupacional menos integrados desde 2015 para los trabajadores
marginales.

Por otro lado, la pobreza estructural creció
sustancialmente en el conurbano bonaerense (pasó del 28,6% en el 2018 al
30,4% en el 2019) mientras que en la ciudad de Buenos Aires estos parámetros se
redujeron del 6% en el 2018 al 2,6% en el 2019.

La nueva serie que mostró el Observatorio de la Deuda Social
de la UCA reveló también que los argentinos vieron deteriorada
su capacidad de ahorro: mientras que el 13,4% de los hogares mostraba
capacidad de ahorro, esa dimensión disminuyó al 11,6% en el 2019. Y la
insuficiencia de ingresos por hogar pasó del 47,8% en el 2018 al 53,3% en el
2019.

El informe de la UCA que se hizo sobre una encuesta de más
de 5.700 hogares abarca a una serie de grandes y medianos aglomerados urbanos:
Área Metropolitana del Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta,
Neuquén: Plottier – Cipoletti, Mar Del Plata, Salta, Tucumán y Tafí Viejo
Paraná, Resistencia, San Juan, Zárate, La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro
Rivadavia, Ushuaia y Río Grande.

Fuente: Infobae