Renunció la jueza Lizán: estuvo involucrada en un escándalo por adopciones ilegales en Valle de Uco
Entre el 2012 y 2016 estuvo suspendida junto a otra magistrada cuando era jueza de Familia en Tunuyán. Hace cinco días fue denunciada por el presidente de la la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay.
Este jueves se conoció que la jueza de Familia María Lizán renunció a su cargo. La dimisión fue presentada ayer al mediodía en la Mesa de Entradas de Casa de Gobierno. La nota está dirigida al gobernador Suarez quien tendrá que responder si la acepta o no.
La jueza explicó que da un paso al costado ya que se encuentran con “incapacidad física y mental” que le impiden seguir cumpliendo la función de magistrada, según informó el medio provincial Diario Uno.
Además, su salida coincide con la situación de que hace cinco días atrás, el presidente de la Corte la denunció en el Jury de Enjuiciamiento por causales de destitución fijadas por la ley provincial 4.970, como el mal desempeño y el desorden de conducta, mientras estaba al frente del Juzgado de Familia de Las Heras
Por otra parte, el portal de comunicación recordó que la jueza ya se había convertido en noticia antes de renunciar y de haber sido denunciada ante el Jury. Y, es que en entre el 2012 y 2016 estuvo suspendida por ese organismo junto con otra magistrada por el escándalo de las adopciones ilegales en el Valle de Uco, cuando Lizán era jueza de Familia en Tunuyán.
El caso tuvo una investigación penal a cargo de un juez y un fiscal.
Tras haber sido reincorporada al cargo como consecuencia del archivo de las actuaciones del Jury, Lizán demandó al Estado provincial y reclamó $5 millones de indemnización por daños y perjuicios. Se refirió a los 44 meses de suspensión durante los cuales cobró la mitad del sueldo, como prevé la ley.
Ese pleito civil fue rechazado en primera y segunda instancia, cuyos jueces coincidieron en que el Jury actuó de modo legítimo, contradiciendo los argumentos de Lizán, que se declaró afectada y víctima de la violación derechos constitucionales.
Más adelante, la Suprema Corte de Justicia le rechazó el aval para apelar en la Corte de la Nación.
La investigación interna
Lizán fue denunciada en el Jury por segunda vez en diez años después de que funcionarios y empleados judiciales de Las Heras revelaran conductas irregulares desde lo procesal y graves desde lo atinente al trato con el personal. Varios dijeron que los llamaba por sobrenombres ofensivos.
El trámite de entrega en adopción de un recién nacido sin que la madre -paciente del hospital El Sauce- contara con el asesoramiento previsto por la ley la dejaron contra las cuerdas, tanto o más que el hecho de que le atribuyeran delegar el dispositivo de firma electrónica para utilizar en cada escrito y expediente.