Algunas decidieron dar marcha atrás luego de que empezaron las imputaciones, mientras que otras permanecen en el lugar. Cómo continúa el procedimiento legal.

La semana pasada la Justicia comenzó a imputar a algunas familias que tomaron terrenos del Departamento General de Irrigación, ubicados cerca del barrio El Esfuerzo de San Carlos, para edificar sus casas. A alrededor de 96 personas previamente identificadas, se les atribuyó el delito de usurpación y de violar el artículo 205 del Código Penal Argentino, que establece sanción por incumplir las “medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

En ese momento, el fiscal Jorge Quiroga adelantó a El Cuco Digital que se irán haciendo las imputaciones por tandas, para evitar violar el protocolo de prevención por coronavirus y que “todos podrán defenderse y allí veremos el desalojo”.

En ese sentido, algunas de las familias decidieron dar marcha atrás con la toma mientras que otras permanecer en lugar reclamando por viviendas dignas.

“Se han ido mucho muchas porque han tenido miedo ante la imputación. Mucha gente que estaba imputada ni siquiera estaba en el lugar, sino lo que se hizo fue censar a quienes eran vecinos, algo totalmente desprolijo”, sostuvo el abogado defensor, Juan Luján.

“En el caso del 205, faltan presupuestos que es el de que la persona efectivamente esté contagiada de Covid y que salga a la vía pública conociendo que padece esta enfermedad. Entonces hay requisitos que no se dan”

“La idea es que una vez que se termine la imputación general de todos, hacer una defensa colectiva, más allá de que se trate de cada persona en particular, garantizarle a los vecinos que van a tener el acompañamiento jurídico que necesiten y desde ahí tratar de también alargar esos plazos”, informó.

“Ellos los que más hacen es pedir que vaya alguien del Municipio porque en realidad no ha aparecido alguien. El suministro de corriente y agua, lo sacan de los vecinos. Necesitan muchas cosas. Nosotros queremos ver, desde el punto solidario, que podemos hacer”, manifestó Luján, y puntualizó: “De todas las familias, unas 20 se encuentran en una situación de marginalidad extrema. No tienen trabajo en blanco, los chicos no tienen internet, por tanto tampoco no hacen las tareas”.

La toma

El 8 de mayo, el Departamento General de Irrigación denunció la usurpación de unos terrenos de su propiedad ubicados a metros del barrio El Esfuerzo, en la Villa Cabecera de San Carlos.

Tres días después, autoridades del DGI y los vecinos , que decidieron tomar los lotes como medida de fuerza en busca de una respuesta favorable a su problemática habitacional, intentaban llegar a una mediación junto a funcionarios de la Municipalidad de San Calos, concejales del departamento y los abogados de las partes. Luego de varias horas de tensión, se acordó una mesa de diálogo con una condición que impuso el organismo provincial: que las familias abandonaran el predio.

Ante la negativa de los vecinos, el Departamento General de Irrigación no asisitó a la reunión que iba a realizarse en el Concejo Delibertante y que el Ministerio Público Fiscal, terminó desestimando.

La semana pasada, finalmente, comenzaron las imputaciones a las familias.