Por Juan Jofré, profesor en Ciencias de la Educación

Escribo intentando aportar al debate, no creyendo que lo que pienso es una verdad absoluta, pero preocupado porque lo que el gobierno llama “nueva ley de Educación”.

Leyendo y analizando, lo que veo es una propuesta muy “vieja”, una propuesta que pretende convertir a la educación, en lo que era antes de la Ley 1420 del año 1884, una propuesta que busca que la educación vuelva a ser un privilegio al que accede quien puede pagarlo, y que rompe con lo mejor de la tradición de nuestro sistema, de garantizar a todas las personas el derecho a la educación.

La educación es un campo donde todas las personas creen saber lo que hay que hacer, y que aunque haya opiniones dispares y hasta lejanas, hay ciertos pilares que se han hecho carne en gran parte de la sociedad y eso se defiende: la educación no es terreno para hacer negocios, es un derecho y es el Estado el responsable.

Quienes propongan negocios, lo deben hacer en forma complementaria, como un extra, un plus, un “algo más”, pero el Estado debe garantizar el derecho.

Desde hace unos días circula en los teléfonos y compus un proyecto de ley de Educación por el Gobierno provincial, y si bien todavía no se discute en ningún lado, ya recogió cientos de críticas y rechazos.

¿No quieren las/los docentes una nueva ley de Educación? Por supuesto que sí, pero una nueva ley, que mire al futuro mejorándolo, que imagine posibles escenarios y se anticipe proponiendo innovaciones que generen más y mejor educación; no una ley que nos deje en manos del mercado y del “edúquese quien pueda”.

Claro que queremos una nueva ley, es una deuda del Estado de Mendoza con su pueblo. En 2010 a más tardar deberíamos haber tenido como provincia una ley que se adecuara a la Ley Nacional, y nunca se ha podido o querido dar el debate.

El actual proyecto genera rechazo es por varias razones, de las cuales solo mencionaré algunas:

– Estamos en plena pandemia. No solo trabajando virtualmente, sin presencia física, lo que desvirtúa cualquier intento de debate serio; sino que además, sobrecargados de tareas y con un estrés complejo, tanto de adultos, como de niños, niñas y adolescentes, lo que hace un escenario muy inconveniente para dar el debate serio que la educación merece.

– No se convocó a participar previo a la elaboración del borrador, ni a sindicatos, ni a las escuelas, por lo que esta propuesta de borrador incluye solo la visión del Gobierno. Esto suma al malestar que ya existe por la ausencia de paritarias, el congelamiento y atraso salarial, más el sostenimiento educativo con recursos de las y los docentes.

– El proyecto avanza sobre algunos puntales de la escuela en nuestro país y en nuestra provincia. Uno de esos puntos es la responsabilidad principal del Estado, en el financiamiento y en la garantía de que todas las personas puedan acceder, continuar y egresar de las instituciones educativas en condiciones pedagógicas aceptables, y que sus trabajadoras/es acceden a un sueldo digno. El proyecto deja abierta la puerta para entender que hay otros responsables, como las familias, las cooperadoras escolares o las/los mismos docentes, y eso siempre suena a que, como ocurre en otros países, la culpa ante posibles fracasos, la tengan esos otros responsables, y no el que toma las decisiones importantes, es decir, el Estado.

Este es un viejo debate, y la propuesta del Gobierno pretendería llevarnos al siglo XIX, y al sálvese quien pueda, al que cada familia se hace responsable, y paulatinamente, a privatizar nuevamente la educación, como lo era antes de la Ley 1420.

– Otro punto que genera preocupación  y rechazo, es la posibilidad de que municipios y entidades de la sociedad civil sean “prestadores de servicios educativos”. Esta posibilidad también rompe con una tradición que garantizó cierta igualdad educativa. Avanzar en esta propuesta, modificaría nuestro sistema educativo convirtiéndolo de a poco en un sistema más injusto, como el de muchos países. Chile es el modelo que parece vislumbrar a la actual DGE, quienes probablemente no hayan notado las manifestaciones impresionantes de estudiantes y docentes antes de la pandemia explotara en el vecino país.

De avanzar esto, habrá escuelas ricas en distritos ricos, y escuelas sin recursos en distritos más pobres, llevándonos a la realidad previa a 1884, y aniquilando el principio de “educación común” e igualitaria que se defiende en nuestro país desde aquella época, y que ha generado siempre la admiración de casi todo el mundo, y uno de los puntos de orgullo nacional.

– Por si fuera poco, la propuesta del Gobierno avanza también sobre varios aspectos del trabajo docente, donde durante años se ha respetado que la búsqueda de estabilidad laboral es un buen principio pedagógico, ya que una/un docente tranquilo en el plano económico, puede dedicarse a lo pedagógico, a mejorar sus prácticas, a llegar mejor a sus estudiantes.

Otra vez acá, el proyecto del Gobierno pretende hacernos retroceder muchos años, en conquistas ya afianzadas, que no solo son tradicionales, sino que permiten una mejor educación.

Pero no solo la propuesta del Gobierno parece “vieja” porque nos lleva al siglo XIX en algunos de los debates, sino también porque genera sospechas y dudas respecto a la continuidad de escuelas artísticas, o a la aplicación de Educación Sexual Integral en todas las escuelas.

La mirada de control burocrático que aparece en varias partes de la propuesta, hace encender las alarmas del retroceso pedagógico, cayendo en manos de la mirada del mundo empresarial, con la idea de calidad educativa como si la educación fuera un producto elaborado en una fábrica, sobrevalorando lo administrativo, el control, la carga de datos, las planillas, otorgando menor rango a la relación de docentes- estudiantes- conocimiento, que debe ser siempre la centralidad de la educación de calidad.

Hay otro punto que a mi modo de ver pinta en forma entera que la propuesta del Gobierno sería un retroceso histórico: la mirada sobre la virtualidad.

Se habla de bimodalidad (presencial y virtual), pero dejando ver que solo se está pensando en cargar el trabajo docente y el de estudiantes, dejando librado a las desigualdades sociales el acceso a la educación, como ocurre hoy en día.

Si se estuviera pensando en “nueva” ley, moderna y con los ojos puestos en el horizonte de lo que vendrá, se debería estar pensando, entre otras cosas, en la creación de una Agencia de Innovaciones Educativas, a cargo del Estado, con articulación y participación de pymes provinciales, donde se generen herramientas, investigaciones y proyectos para mejorar la propuesta bimodal y el acceso gratuito, donde se prioricen los aportes para el desarrollo pedagógico de capacidades, y no dejar eso librado a que las grandes multinacionales sean las que armen las plataformas y nos acerquen los recursos, porque ahí sí que definitivamente habremos perdido la soberanía educativa, y nuestros estudiantes e hijas/os, se educarán según lo que decida Google, Microsoft, YouTube, Facebook, Amazon, etc.

No hay nada de malo en esas empresas cuando elegimos utilizar de ellas lo que queremos, y cuando tenemos además otras opciones. Lo malo está cuando esas grandes empresas imponen sus condiciones, porque nuestras/os jóvenes se educarán en un modelo solo de estímulo-respuesta, automatizado, deshumanizado, y con pocas o nulas posibilidades de producir, crear, pensar libremente o reflexionar sobre sí mismo y el mundo.

Sobre el futuro, y a modo de cierre, dejo una frase de Albin Toffler: “El analfabeto del futuro no será la persona que no pueda leer, sino la persona que no sepa cómo aprender”.