El 30 de diciembre del 2019 se derogaba la ley que permitía la minería metalífera en Mendoza

Movilización en defensa de la 7722, San Carlos - foto El Cuco Digital
Movilización en San Carlos en defensa de la 7722. Foto: Abi Romo
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Tras diez días de manifestaciones, la Legislatura dejaba sin efecto la norma 9209 y restablecía la 7722.

El 30 de diciembre del 2019, a diez días de su aprobación, se derogaba la ley que permitía la minería metalífera en Mendoza.

La iniciativa del oficialismo, a través del proyecto de ley 9.209, buscaba reformar cuatro artículos y dar luz verde al uso de cianuro y otras sustancias en la actividad, aunque mantenía la prohibición del mercurio “en todas sus formas”. A su vez, apartaba a la Legislatura del tratamiento y aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los proyectos mineros en la provincia. En su lugar, proponía que los proyectos fueran supervisados por municipios, el Departamento General de Irrigación, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), y “otros organismos que considere la autoridad de aplicación como necesarios”.

El día viernes 20 de diciembre de 2019 se produjo la votación en ambas cámaras: en la Cámara de Senadores el proyecto de modificación obtuvo 29 votos a favor y 7 en contra, y en la Cámara de Diputados 36 votos positivos, 11 negativos y una abstención.

Luego de las masivas manifestaciones que se realizaron en la provincia, entre ellas la más resonante bautizada como “Parientazo”, sumadas a la presión de varias comunas mendocinas que anunciaron que no realizarían las fiestas departamentales de la vendimia​, el gobernador Rodolfo Suarez comunicó, a través de su cuenta de Twitter, que darían marcha atrás con la reforma.

Finalmente el día lunes 30 de diciembre del 2019, en una sesión extraordinaria, senadores y diputados votaron a favor de derogar la ley 9.209. Esto dejó sin efecto las modificaciones aprobadas anteriormente, y se restableció la vigencia de la ley 7.722 para regular los emprendimientos mineros y que, a diferencia de su fallida sucesora, prohíbe el uso de sustancias químicas como el cianuro y ácido sulfúrico.

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