El proyecto del intendente de Malargüe para derogar parcialmente la 7722 quedó listo para aterrizar en la Legislatura

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Foto del Diario Uno: Ojeda, intendente de Malargüe
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Tiene 18 artículos, define a dónde irían los fondos y hasta se plantearon cambios para el gabinete de Suarez. El intendente de Malargüe Juan Manuel Ojeda prometió impulsarlo antes de octubre, pero dependerá de vaivenes políticos. Además, asoma una amenaza a la propuesta australiana de extraer oro dentro de la 7.722

Alguna vez se dijo que estaba guardado bajo siete llaves y era verdad. Lo sigue siendo, de hecho. Pero el proyecto de Juan Manuel Ojeda, intendente de Malargüe, para derogar parcialmente la ley 7.722 quedó listo para aterrizar en la Legislatura. Es una zonificación: sólo abarca a algunos territorios y sin salirse de Malargüe. Sin embargo, si avanza transformará completamente a la minería en Mendoza.

Todas las intenciones se retrajeron tras el fallido de 2019. Las amplias manifestaciones y los dichos del gobernador -que le bajaron la persiana hasta el final de su mandato- hacen muy difícil que vuelvan a erguirse, al menos por ahora. La esperanza del sector, entonces, descansa en alguno de los cajones de Ojeda, a 300 kilómetros de la Capital; aunque a punto de viajar al Gran Mendoza para su tratamiento. ¿Cuándo? En menos de un mes, aseguran en el Sur.

Incluso, en los pasillos de la intendencia se puso una fecha “piso”: el 20 de septiembre. Cae martes, así que ese día sesionará la Cámara de Senadores en la que está la malargüina y esposa del intendente, Jéssica Laferte. Se dijo que después de ese día, la norma podía ingresar en cualquier momento. Sin embargo, un detalle podría sofrenarla; y es que el jefe comunal había eludido enviarla el mes pasado para que los conflictos con los gremios no contaminaran el debate. Ahora, en puerta aparece una amenaza quizás mayor: la grieta que generó el proyecto para cambiar la Suprema Corte.

De cualquier modo, Ojeda sabe que si espera un momento “óptimo”, tal vez no lo encuentre nunca (aunque algunos arriesgan que hacerlo durante el Mundial de fútbol no sería descabellado) y también ha prometido que el impulso de la norma es inminente, pues ya no puede dilatarse más, según sus propias palabras. La pregunta es si efectivamente cumplirá, impulsándola en este último trimestre.

La fecha no la definirá sin antes dialogarlo con Suarez y con los distintos sectores que tienen terreno en la Legislatura. Debe ponerse de acuerdo con las franjas que responden al gobernador; con las que son más cercanas a Alfredo Cornejo, y no dejar fuera de la discusión al peronismo, cuyo apoyo será insustituible en el intento de que la propuesta se transforme en ley.

Los pormenores de la ley minera

El proyecto tiene hasta ahora 18 artículos. En Malargüe, hasta los empresarios cercanos al intendente y estrechos asesores dicen que sólo lo han visto Ojeda y los especialistas que lo desarrollaron. El modelo final estuvo terminado a mediados de marzo, pero las modificaciones han sido una constante, y ha sufrido varios cambios en estos seis meses.

De hecho, en uno de los bocetos sólo iba a tener ocho apartados, y en su momento confiaban que esa “simpleza” le jugaría a favor al momento de ser discutido. Pero se fueron agregando especificaciones y métodos de control a la calidad del trabajo. Entre otras cosas, en ese margen austral de la provincia apuntan a que el que tienen actualmente entre manos posee una visión “doblemente estratégica”.

Y lo explican: por un lado está la autorización minera con todos sus pormenores. Pero por el otro, también está la planificación financiera, que es básicamente un señalamiento de cómo deberán manejarse los fondos tras esas eventuales explotaciones. Lo que quede para Malargüe iría a infraestructura, y esto está consignado en la ley.

Además, está un punto ya mencionado con anterioridad: que el 1,5% de las ganancias (esto es por fuera de las regalías) se dividirá en mitades de 0,75%. Una de esas partes es la que permanecerá en la comuna, y la otra será para las arcas provinciales. El texto no habla de que deban direccionarse a Obras Públicas ni a Irrigación (como se había especulado y rumoreado). O sea, el Gobierno puede decidir el mejor destino que crea posible para esas divisas.

Y hablando de órganos del Estado, en algún momento el equipo técnico dispuso un cambio clave que Diario UNO contó a principios de julio: que la secretaría de Ambiente ascendiese a Ministerio y que Minería pasase, a su vez, de ser una dirección a ser secretaría; para además trasladar su sede al departamento sureño. Ese punto generó mucha resistencia en el Gobierno provincial.

Complicaciones de la política y la respuesta ambientalista

Quienes están a favor de la ley creen tener el apoyo de gran parte de las bancas en la Legislatura. Incluso Ojeda ha hablado en medios locales de una supuesta sintonía con diputados y senadores del PJ, que sería determinante para traccionar el proyecto. Además de eso, algunos especulan con que el reconocido interés del gobierno nacional por destrabar la minería también interfiera en esas posturas domésticas.

Incluso, Ojeda tiene muy buen vínculo con las autoridades en la Secretaría de Energía de la Nación, y particularmente con su titular Fernanda Ávila. Hay un episodio casi desconocido que ocurrió hace un mes: cuando se especulaba con que Sergio Massa, al asumir en Economía, desplazaría a Ávila (sonaba en su lugar la salteña Flavia Royón, hoy en Energía), hubo una suerte de “junta de firmas” federal, una recolección de apoyos a la funcionaria. Ojeda no dudó en respaldarla y la mujer –sea por ese u otros motivos- sigue firme en el cargo.

En Mendoza, sin embargo, la clave no estará sólo en lo que piense cada miembro parlamentario sobre la ley. Mucho más importante que eso será cuánto estén dispuestos a soportar de la contraembestida ambientalista y de las acciones que esos bandos decidan poner en práctica. El mismo panorama corre para el propio gobierno de Suarez, quien está a favor de la minería, pero no dudó en clausurar el debate al percibir que hoy no existe la mencionada “licencia social”.

¿Y qué es lo que se teje en ese sector “antiminero”? (Las comillas son porque no se oponen a la actividad en sí, sino a determinadas sustancias). También allí son políticas las acciones que están en ciernes. Hay una por demás llamativa, y es que no pretenden hacer –por ahora- una movilización en el Gran Mendoza, ni tampoco cortes de rutas. “Eso le molesta mucho al mendocino, y nosotros no queremos perder empatía con la gente; la necesitamos”, aseguró un reconocido asambleísta.

La acción estará planteada en las comunas. Habrá presión sobre los intendentes para que estos, a su vez, presionen a los legisladores de sus departamentos. También buscan militar para que aquellos que voten a favor del proyecto “no sean reelegidos”. Es decir, hacer campañas en su contra como castigo a levantar la mano por el proyecto. Esta idea ya estaba planeada en 2019, pero por la marcha atrás de la ley 9.201 y por la pandemia, no se puso en práctica,

En el horizonte aparecen dos datos más: una acción de inconstitucionalidad si es que la norma avanza, y también un detalle que amenaza a la propuesta de la firma australiana Clean Earth Technologies, que busca extraer oro sin usar cianuro. Los sectores ambientalistas están analizando uno de los materiales que sí se utilizan y, de proseguir la propuesta, pedirían que se estudie su posible nocividad. Esas gestiones están lanzadas, aunque admiten que las sustancias que se emplearían hoy no están prohibidas por ninguna ley.

Hierro indio y la posibilidad del litio malargüino

Hierro Indio es una de las nuevas posibilidades que esperanzan al sector minero de Mendoza. Desde que el Gobierno decidió que la empresa Potasio Río Colorado se asocie a los dueños del yacimiento e invierta un millón de dólares, las posibilidades de extraer el metal y aportar divisas a la provincia se hicieron más sólidas. Aunque saben que para ver resultados falta mucho.

Es que la exploración duraría por lo menos dos años, y según fuentes oficiales –que prefirieron el off- el monto total para trazar esos estudios sería de U$S 5 millones. Esto no debe confundirse con los análisis de factibilidad, que, como contó la periodista Analía Doña hace días, estarían finalizados antes de 2023.

Ahora bien, si los resultados fuesen los esperados, ahí la firma pasaría a cotizar en bolsa y podría ofrecer recursos durante décadas. No es la única esperanza. Obviando PRC -que aguarda a sus nuevos inversores-, una de las últimas luces de perspectivas las encendió el propio Ojeda en Canal Siete, cuando dijo que podría haber litio bajo las tierras de Malargüe. Al menos, afirmó que no se han hecho las investigaciones pertinentes para descartarlo.

UNO habló de esta posibilidad con el geólogo especialista Eddy Lavandaio: “Litio, potasio y sodio son elementos que pertenecen al mismo grupo de los metales alcalinos y suelen asociarse en la naturaleza. Donde hay sodio, algo de potasio y litio puede haber. Esto abre posibilidades de encontrarlos en cualquier lugar donde haya sal. Sin embargo, para encontrar algo que podamos llamar yacimiento, en geología buscamos ambientes en los que los elementos sean más abundantes. El de Malargüe no es el modelo geológico más favorable, pero se podría hacer un toma de muestras y analizarlas por litio para saber a qué atenernos”, respondió.

El litio es sólo una arista de lo que se viene. En el municipio y en las empresas interesadas se esperanzan con un nuevo debate en general. “El lobby político que existió en los tiempos de la 7.722 ya no existe, porque ahora la gente es mucho más pobre que en 2007, y va a apostar a una industria que dé trabajo”. Ese es el punto a favor que creen tener los sectores promineros.

Es decir, una de sus principales expectativas (y potenciales argumentos) ya excede lo político, para cernirse sobre un punto mucho más primitivo, humano y elemental: el hambre.

Fuente: Diario Uno

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