Tampoco se les podrá otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, préstamos, líneas de crédito o subsidios. Se trata de una iniciativa del Bloque UCR que fue acompañada por todos los ediles y que ahora espera la promulgación del Ejecutivo.
El pasado jueves, el Honorable Concejo Deliberante de San Carlos aprobó un proyecto de ordenanza para adherir a la Ley Provincial N° 6.879 y su modificatoria Ley Nº 8326, que regula el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Mendoza.
La iniciativa, que tiene como autora a la presidente del Bloque UCR, Agustina Testa, plantea adherir a la norma en todas sus formas y articulados, estableciendo de esta manera que “la Municipalidad del departamento de San Carlos no podrá contratar como proveedor/a del Estado, otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, préstamos, líneas de crédito o subsidios, ni designar como funcionarios/as jerárquicos/as o empleados/as de cualquier categoría, en la administración pública, a quienes se encuentren incluidos/as en el Registro”.
Seguidamente, en el articulo 3º del proyecto, indica que “de conformidad a lo establecido en el artículo 6º de dicha ley, la Municipalidad de San Carlos otorgará planes de pagos, quitas o financiaciones de deudas por impuestos o tasas de servicios, u otra deuda por cualquier otro concepto con el erario provincial, a quienes se encuentren incluidos en el registro de Deudores Alimentarios, con la inclusión de los montos adeudados, en concepto de alimentos, para su retención proporcional al plan otorgado”.
El Cuco Digital dialogó con la concejal Testa, quien expresó al respecto: “El proyecto lo que plantea es la defensa de los niños, niñas y adolescentes a través de la adhesión del Municipio a esas leyes (…) El Municipio no va a poder nombrar a proveedores del Estado, ni habilitar comercios, ni patentes, ni dar mejor clase, ni nombrar ni muchos menos ingresar a personas que figuren en el listado de deudores alimentarios. Lo que se busca es que los progenitores cumplan con su deber y garanticen el derecho de los niños, niñas y adolescentes”.
Por otro lado, la edil manifestó que la “enorgullece mucho este proyecto; creo que es un paso gigante para seguir luchando por los derechos pero en forma genuina y para que realmente se cumplan, y nuestro deber como legisladores y legisladoras es hacer cumplir desde nuestras bancas. Así que muy feliz de que haya salido aprobado por unanimidad”, añadió para cerrar.
Ahora se debe esperar a que el Ejecutivo departamental promulgue la ordenanza, y en ese caso, dicte las normas reglamentarias necesarias para su implementación. Tiene un plazo de 90 días para ello.
Aquí el proyecto completo
