Se votará el 26 de mayo.
Marcelo Romano, senador provincial por Protectora, quedó a un paso de perder la inmunidad que otorgan los fueros legislativos. El despacho con mayoría se aprobó el miércoles y de esta manera, la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) dio lugar al pedido de la fiscal Gabriela García Cobos que había pedido desaforar a Romano, imputado por presunto “atentado contra la autoridad” durante un altercado protagonizado por la policía y su hija el 11 de agosto de 2019.
Según consta en el pedido de desafuero, el hecho sucedió por la tarde del 11 de agosto, en el Acceso Sur a la altura del barrio ATSA, donde la Policía detuvo a la hija del Legislador luego de que un llamado al 911 alertara sobre la conducción temeraria del vehículo, un Renault Clio.
Según la versión policial, el Senador reclamó que dejaran ir a su hija negando el exceso de velocidad y amenazándolos con hacerlos echar de su trabajo. El delito de “atentado a la autoridad” está tipificado y sancionado por el artículo 238 inciso 3 del Código Penal y establece una pena de prisión de entre seis meses y dos años.
El legislador insiste que este procedimiento es una “persecución política” del oficialismo por el pedido de explicaciones que solicitó con respecto a Portezuelo del Viento. La obra está bajo la lupa por cuestionamientos al pliego licitatorio por parte de las empresas y a la renuncia de Daniel Chicahuala, asesor del ministerio y quien diseñó dicho pliego. También lo relaciona a su postura en temas puntuales como la reforma de la ley 7722.
“Creemos que hay un andamiaje de persecución política por el debate para modificar la 7722. Yo he denunciado al gobierno por la toma de Penitentes, la Revisión Técnica Obligatoria, el Fracking, todas denuncias penales, pero nunca me hicieron nada hasta que dije que Mendoza sea la que decida el futura del 7722 con un referéndum popular”, argumentó meses atrás.
En Cambia Mendoza evitaron las declaraciones públicas pero aclararon: “Nos ajustamos a derecho, es algo que pide la Justicia, que pide la fiscal”. Y que el despacho se tratará “recién el 26 de mayo”, asegurando que el desafuero avanza ahora porque “en diciembre estuvo el tema de la minería, después el receso y ahora la pandemia”.
Desde el peronismo adelantaron que no acompañarán el voto para el desafuero. “Tiene un tinte político entendiendo que desde el punto de vista legal no es lógico lo que se plantea. Es una bajeza total estar tratando esta estupidez ante el contexto económico y social que se está viviendo”, comentó Mauricio Sat, legislador del Frente de Todos y vicepresidente de la comisión de LAC.
“Nos parece una actitud muy floja porque desde el punto de vista penal no hay ojos para verla. Cuando Romano anda bien con el oficialismo, el expediente no avanza; cuando no anda bien, avanza el desafuero”, indicó.
Fuente: Los Andes / Mdz
