Hubo encuentros en San Carlos, Tunuyán, San Rafael, la Ciudad y zona Este.
Este miércoles 12 de octubre, se llevaron a cabo diferentes movilizaciones en el Valle de Uco y en otras partes de la provincia de Mendoza tras confirmarse que esta semana se presentaría en la Legislatura de Mendoza el proyecto de zonificación minera para Malargüe impulsado por el intendente Juan Manuel Ojeda.
Se trata de una propuesta para eximir a ese departamento de la Ley 7722, que prohíbe la utilización de sustancias químicas en la actividad. Si bien no ha sido confirmada aún la fecha en que se presentará, todo hace entender que será mañana, jueves, cuando gremios como la Uocra, entre otros, se movilicen a Casa de Gobierno para pedir el respaldo del gobierno de Rodolfo Suárez a la iniciativa.
Por tal motivo, los defensores de “la guardiana del agua”, la 7722, se convocaron ayer en la Terminal de Eugenio Bustos a partir de las 18:30 horas, en la plaza departamental de Tunuyán desde 18 también, y en otros puntos en San Rafael, Ciudad de Mendoza, y la zona Este.
“Desde todos los rincones de nuestra querida provincia, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura rechazamos enérgicamente el proyecto de zonificación minera presentado por el intendente de Malargüe, Manuel Ojeda (UCR). Por eso convocamos a todo el pueblo a defender la ley 7722, nuestra ley guardiana del agua”, emitieron a través de un comunicado el pasado domingo las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura.
Por otro lado, el mismo agregó: “Una vez más el gobierno provincial defendiendo los intereses del lobby minero traiciona la voluntad popular avasallando la licencia social en nuestros territorios. Como hizo el gobernador Rodolfo Suárez a espaldas del pueblo en diciembre de 2019, la dirigencia política de CAMBIEMOS junto a sectores del PJ buscan legitimar la minería contaminante dejando sin efecto la ley 7722 en el departamento de Malargüe. Si se aprueba el proyecto de zonificación minera les permitiría a las empresas utilizar sustancias tóxicas como xantato y cianuro. En ese sentido, el proyecto de zonificación minera viola la ley 27.566 que ratifica el acuerdo de Escazú que establece el principio de NO regresión en materia ambiental por lo que cualquier modificación minera que reduzca el alcance de la ley 7722 es inconstitucional”.
“La decisión del oficialismo radical de avanzar con la minería en territorio malargüino es parte de la política nacional del presidente Alberto Fernández y el superministro Sergio Massa que para pagarle al FMI han decidido ofrecer los bienes comunes del país al capital extranjero. Sin embargo, no tienen en cuenta la capacidad de los pueblos para defender sus territorios del saqueo y la contaminación”.
“Desde AMPAP nos oponemos al modelo extractivista. Nos declaramos en alerta y movilización ante la nueva embestida prominera. Invitamos a los vecinos y vecinas de todos los municipios de la provincia y a los distintos sectores sociales a manifestarse en defensa del agua y la vida. Como hicimos en las masivas movilizaciones populares de diciembre de 2019 es hora de volver a las calles al grito del agua de Mendoza no se negocia. El pueblo es uno, el agua y la lucha también“.
