Fue parte de la gestión de cornejo. Fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso.
El Tribunal en lo Penal Colegiado N° 2 de la Ciudad de Mendoza condenó a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, e inhabilitación absoluta y perpetua a Alejandro Felipe Jofré Peinado, por ser penalmente responsable de abusos sexuales reiterados y sistemáticos, perpetrados en perjuicio de trabajadoras mientras ocupaba el cargo de Subsecretario de Trabajo de la Provincia de Mendoza, durante la gobernación de Alfredo Cornejo .
En su alegato la Fiscalía, a cargo de Darío Tagua, había solicitado una condena de 6 meses de prisión en suspenso.
Por su parte, la querella, integrada por la abogada Julieta Nacif y el abogado Alfredo Guevara Escayola, habian adherido al alegato Fiscal solo en cuanto a la contundencia de la prueba acumulada, pero formularon una acusación solicitando la pena de 3 años de prisión, también en suspenso, en tanto se consideró que el punitivismo no constituye la reparación principal.
En efecto, se solicitó además, se condene al imputado a la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, que establece el Código Penal, para el caso en que los delitos de abuso sexual sean cometidos por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.
Dadas las características del hecho, la querella solicitó también que la condena estableciera el deber de que el Estado Provincial pidiera disculpas públicas a las víctimas, que tuvieron que transitar situaciones de persecución laboral, y esperar seis años para llegar a juicio.
Asimismo, se requirió que la condena establezca el deber del Estado Provincial de sancionar un protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito laboral en todas las dependencias públicas.
Si bien el Tribunal no se expidió sobre estas últimas solicitudes, hizo lugar al pedido de inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos, lo que implicará que Jofré no podrá seguir impartiendo cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, y deberá actuar el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados a los efectos de tratar el pedido de exclusión de la matrícula que se formulará, en caso de que no actúe de oficio.
