En el Ejecutivo saben que no hay margen para seguir emitiendo, por lo que pretenden utilizar el dinero “ocioso” que está en las entidades.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, analiza incrementar exponencialmente la inyección de bonos del Tesoro a los bancos para poder tomar fondos líquidos que sean destinados por el Estado al financiamiento de la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19.

Según un paper que circula entre los ministros del Gabinete, está previsto que la asistencia económica estatal ascienda en un trimestre (abril, mayo y junio) hasta 5,6% del PBI, con un monto total estimado en 1,7 billones de pesos.

Para ello, el Gobierno necesitará un stock de pesos que hoy no tiene. Y con la recaudación en caída, la única salida parecía ser la emisión monetaria, aunque esto representa serios riesgos de un salto en la inflación a futuro. Por eso, se decidió buscar otro camino. 

Con la nueva estrategia, el objetivo central es que el dinero que los bancos públicos y privados colocan en Letras de Liquidez (Leliq) del Banco Central, sean puestos en instrumentos del Tesoro nacional para que se destinen al gasto público.

La iniciativa está siendo elaborada por Guzmán y el titular de la autoridad monetaria, Miguel Pesce, con aval del presidente Alberto Fernández, según pudo saber este diario de fuentes oficiales.

Hoy los bancos “compran” Leliq con una tasa del 38% anual. En el Gobierno plantean que el Central baja esa tasa a una zona del 30%, abaratará el costo del dinero para la economía. Y ahí el Tesoro podría ofrecer bonos al 31% o 32% anual para captar esos recursos. 

Fernández, Guzmán y Pesce están convencidos que estos bonos generarán apetito entre los ahorristas e inversores particulares. Hoy, las entidades les pagan –en promedio- una tasa del 22% anual por un plazo fijo a 30% días.

Fuentes oficiales consultadas por este diario aclaran que no será un plan compulsivo, por lo que el Gobierno no se “apropiará” de los depósitos de los ahorristas que están en el sistema financiero. Se pretende llegar a acuerdos con las entidades para que liciten.

En Leliq 1,3 billones de pesos y en pases pasivos hay otros 620.416 millones de pesos. Estos últimos crecieron exponencialmente en el último mes: son operaciones de financiación entre bancos (común en el mercado financiero) que actualmente pagan una tasa del 15,2% anual.

Atraer a ahorristas

La base monetaria había llegado a un récord superior a los 2,4 billones de pesos el 7 de abril. Desde entonces, cayó un 30% (575.659 millones). Fue una decisión del Central, que impulsó los pases pasivos subiendo la tasa de interés, ante los riesgos de hiperinflación futura.

En ese contexto, Guzmán y Pesce analizan que no hay margen para seguir emitiendo y pretenden utilizar el dinero que hoy está en los bancos de forma “ociosa” a través de una operatoria que se venía haciendo desde siempre, pero con un claro impulso gubernamental.

El Gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo, utilizó esta herramienta con fuerza. Le colocó a las entidades bonos llamados Letes, Lecap, Lecer y Lelink para financiarse. Esos títulos fueron tomados ampliamente por fondos comunes de inversión y por bancos.

Ahora, en Economía –donde no saben si el nuevo bono tendrá uno de esos nombres o estrenará denominación- quieren que los nuevos bonos generen atracción más en los depositantes, que tienen 1,8 billones de pesos en plazos fijos. 

“Tenemos que buscar el modo en que la gente vuelva a creer en la inversión en los bonos argentinos. Para eso, tenemos que lograr un sistema de títulos públicos que sea atractivo para ahorrar. En eso estamos trabajando”, dijo Fernández en una reciente entrevista radial.

El plan viene con distintas aristas, dado que al desalentar la colocación en Leliq –que se emiten a 28 días- y los pases, el sistema bancario quedaría con exceso de liquidez, pero el Gobierno prevé impedir que esto pueda ser volcado a otras alternativas como el contado con liquidación utilizado para dolarizar carteras y fugar.

La regulación actual habilita a los bancos a invertir hasta el 50% de su Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC), que es de unos 1,9 billones de pesos, en instrumentos de deuda pública. Al momento, tendrían colocado menos de la mitad en ese tipo de inversiones.

Según el Banco Central, la exposición del conjunto de entidades financieras al sector público -en todos sus niveles-, se ha mantenido en valores históricamente bajos desde hace más de diez años.

Esa fortaleza está en parte originada en un conjunto de regulaciones macroprudenciales adoptado a partir de la crisis económica y financiera de 2002. 

Fuente: Diario Los Andes