El retiro de los equipos se hará de manera gradual. El Servicio Penitenciario tendrá que garantizar un sistema público.
El juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, ha resuelto poner fin a un beneficio que se otorgó a los internos mendocinos durante la pandemia: el uso de teléfonos celulares en los pabellones.
La medida, que se implementó durante el aislamiento social preventivo por el Covid en 2020, permitía a los internos mantener contacto con sus abogados y familiares en ausencia de visitas presenciales.
A pesar de que la emergencia sanitaria ha cesado, la medida se mantuvo con el consentimiento de todas las partes del Sistema Penitenciario.
Sin embargo, Sarmiento ha rechazado la solicitud de los defensores oficiales, del procurador de las personas privadas de libertad y del área de derechos humanos de la Suprema Corte para continuar con esta autorización.
Para implementar esta decisión, Sarmiento ha ordenado al Servicio Penitenciario que retire gradualmente los equipos personales en las celdas en un plazo no inferior a seis meses. Además, ha solicitado que se garanticen las visitas familiares con una frecuencia semanal, como mínimo.
Los presos mendocinos serán notificados en un periodo de 30 días de que ya no podrán tener los teléfonos y que estos deberán ser retirados por sus familiares.
Sin embargo, sólo se retirarán los celulares donde esté instalado un sistema de telefonía pública. Sarmiento también ha resuelto que se instalen equipos de videollamadas para las emergencias familiares o el contacto de los detenidos con sus abogados.
De manera parcial, Sarmiento ha accedido a un pedido de la Procuración de personas privadas de libertad para mantener la medida en los centros de detención de mujeres.
