A partir de las modificaciones llevadas adelante en el tratamiento en comisiones, donde el despacho resulto favorable, el nuevo código de procedimiento minero se trataría el próximo miércoles.
El proyecto de ley de modificación del código de procedimiento minero obtuvo ayer un despacho favorable en el plenario de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC); y de Economía, Energía, Minería e Industrias. Sin embargo, como se incorporaron cambios, basados en algunas sugerencias de la oposición y del sector empresario, no se tratará hoy en la Cámara de Diputados, sino el próximo miércoles.
El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, explicó que va a salir con despacho a favor, pero que tienen que corregir algunas cosas, porque se están definiendo observaciones menores con la oposición. Detalló que, por tratarse de un proyecto muy extenso, no iban a alcanzar a realizarlas ayer, para que se pudiera tratar hoy en el recinto, por lo que será la semana que viene.
En cuanto a los cambios, expresó que hay dos planteos en los que coincidieron tanto organismos, como asociaciones empresarias, el Partido Verde y el PJ. Uno tiene que ver con la eliminación del Consejo Minero y otro con el rol de la empresa estatal Impulsa Mendoza.
Si bien el proyecto original preveía la derogación de la ley que creó el Consejo Minero, y con ello su eliminación, lo que generó objeciones, se optó por mantenerlo, pero con funciones diferentes. Ya no la de autorizar los proyectos -tarea que corresponderá a la Dirección de Minería-, sino de ser un tribunal de alzada de las decisiones de la Dirección y ejercer como órgano consultivo. Lombardi aseguró que habría un acuerdo con ese cambio.
Durante la exposición que el director de Minería, Jerónimo Shantal, realizó la semana pasada, en el marco del plenario, para explicar la necesidad de una modificación del código vigente, lanzó que el consejo está compuesto por cinco miembros, que sólo concurren una vez por semana y se toman la feria judicial (sin corresponder). Esto ha causado que tengan 705 expedientes por tratar y que se demoren entre 10 y 15 años en promedio para otorgar un permiso, cuando en otras provincias ese lapso es de 3 a 6 meses.
Sobre Impulsa Mendoza, que pasaría a tener prioridad sobre los derechos caducos, las áreas liberadas o las minas vacantes, Lombardi manifestó: “No estamos siendo creativos con esto. Ciertas provincias lo están haciendo y buscamos terminar con el negocio inmobiliario detrás de la actividad minera”.
Pese a esto, insistió en que están abiertos a recibir ideas superadoras, aunque hasta el momento no les ha llegado una alternativa. Y resaltó que realizaron una corrección, que ha sido bien vista por quienes tenían reparos: se le sumó a Impulsa Mendoza el mandato legal de que tiene 180 días para llamar a concurso público para la asignación de las áreas vacantes y que, si queda desierto, se recurrirá a la prioridad temporal que se utiliza hasta ahora (esto es, se le adjudica al primero que se presenta).
Lombardi añadió que están analizando, además, establecer un control adicional para la empresa estatal, de la que el 95% de las acciones le pertenece al Estado provincial y el 5% restante a ProMendoza. Y es que el Consejo Minero tenga que elevar informes anuales sobre el estado de la minería, lo que incluirá el rol de Impulsa, que deberá cumplir con el criterio de presentar información.
Se debe recordar que esta entidad está integrada por cinco miembros: el director de Minería, un abogado egresado de una universidad nacional, un representante de los productores mineros y dos profesionales (geólogo, ingeniero de minas u otro idóneo, o doctor en ciencias naturales).
El proyecto toma el modelo que se aplica en siete provincias, en las que la empresa minera provincial es la que licita las áreas o minas vacantes. Previo a la publicación de esa vacancia, se notificará a Impulsa Mendoza, que podrá ejercer un derecho de preferencia por 30 días (en otras partes del país el plazo es de 120 o 180 días). Si lo hace, tiene que llamar a licitación -o concurso público- para otorgársela a particulares. De esta manera, había resaltado Shantal la semana pasada, puede exigir declaraciones juradas de buenas prácticas, elevar los estándares de cuidado del ambiente y del agua, entre otros requerimientos.
Lombardi consideró que, con estas modificaciones, están salvadas las diferencias que había, aunque sumó que siguen abiertos a recibir aportes y sugerencias. Manifestó que es probable que el proyecto sea aprobado el miércoles próximo, en Diputados, por mayoría. En cuando al Senado, explicó que ya hay legisladores que están participando ahora en el debate en el plenario y podría no pasar por comisiones.
QUÉ MODIFICACIONES PROPONE EL CÓDIGO
En el plenario del viernes pasado, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y el director de Minería, Jerónimo Shantal, explicaron por qué se presentó un proyecto de ley -de siete artículos y un anexo de 237- para modificar el código de procedimiento minero vigente, que es de 1945, y cuáles son los cambios que el Ejecutivo entiende que se necesitan.
Latorre destacó que no se trata sólo de una modificación específica para el desarrollo de la minería, sino de políticas integrales y que “esta propuesta lo que viene a hacer es transversalizar conceptos de sostenibilidad ambiental y social a una actividad productiva como es la minería”.
Shantal señaló que el proyecto del nuevo código incorpora la sostenibilidad (con base en los objetivos de desarrollo sostenible); la soberanía de los recursos minerales, entendiendo que las minas son del Estado provincial y no del concesionario; la transparencia, ya que hoy todos los proyectos son secretos y para acceder a información hay que realizar un “vetusto” procedimiento por escrito; la agilidad, porque se necesita impulsar el proceso; y la optimización del control y la fiscalización, ya que la policía minera está mencionada en la ley pero no tiene facultades eficaces ni la fortaleza que requiere.
Entre algunas de las falencias de la legislación vigente, que la propuesta busca resolver, mencionó que no se pueden llevar estadísticas porque la ley de registro minero, de 1968, no establece la obligatoriedad de los productores de brindar datos sobre el avance de los proyectos ni sobre la producción. Tampoco se plantea que deban presentar información de buenas prácticas mineras sostenibles o de responsabilidad social (conceptos que no se conocían a mediados del siglo XX).
Añadió que faltan herramientas que agilicen los procedimientos, ya que las presentaciones se deben realizar en forma presencial y con expedientes en papel; los plazos son extensos; faltan sanciones procesales pertinentes. Esto, además de que el Consejo de Minería tiene demoras excesivas en la aprobación de los proyectos.
REPAROS EMPRESARIOS
En el mismo plenario de la semana pasada se dio espacio para preguntas y aportes por parte de quienes habían sido invitados a aportar su punto de vista y se les había remitido el proyecto para su análisis. Desde el sector privado, los participantes resaltaron como positivo tanto que se esté buscando dar un mayor empuje a la actividad minera, como a que se abriera el debate.
Sin embargo, los empresarios también plantearon que el Consejo Minero debía mantenerse ya que, al ser un órgano integrado por especialistas y técnicos, ofrece mayores certezas sobre los proyectos que son aprobados, tanto al Estado, como a los empresarios y la sociedad en su conjunto. En cambio, al pasar la decisión a la Dirección de Minería, podría interpretarse que existe arbitrariedad política.
Por otra parte, consideraron que no debía eliminarse el sistema vigente de concesión, a través de la prioridad temporal, y que, en lugar de que sea la empresa estatal la que llame a licitación y adjudique áreas y minas, sea la misma Dirección de Minería, que también debería ser fortalecida.
Este lunes, los representantes de las cámaras empresarias fueron convocados a una reunión con funcionarios provinciales -el proyecto es del Ejecutivo- para profundizar la discusión y el análisis, y los participantes resaltaron que hubo un diálogo abierto, al tiempo que esperaban que la ley refleje en alguna medida esas sugerencias.
Fuente: Los Andes
