Las políticas restrictivas de ambos países son acompañadas por discursos que estigmatizan y criminalizan a las personas migrantes. El drama de 300 personas que devela una problemática mucho más profunda.
La imagen es desesperante: un grupo de personas -inclusive niñes- corren a 4 mil metros de altura, entre la arena y el sol, contra el roce del viento caliente en medio del desierto de Atacama. Están entre Chile y Perú, intentan escapar de las policías de ambos países cuando están distraídas. Una cámara de televisión justo captó el momento. Son migrantes, en su mayoría, de Venezuela, pero también hay de Haití, de Colombia y de Ecuador. Las leyes y políticas de Estado restrictivas de las últimas semanas a ambos lados de las fronteras dejaron a unas 300 personas en un limbo que fue catalogado como “crisis humanitaria” por distintas agencias internacionales y llevó, incluso, a roces diplomáticos. Más allá de la solución coyuntural, pareciera que la escena es sólo el síntoma de una problemática más profunda.
Las razones por las que las personas deciden migrar son variadas. Pero en esta situación en particular la falta de condiciones básicas para vivir y la violencia son los principales motivos que las impulsan a salir de sus países, en soledad o en familia, casi sin importar cómo ni con qué. “Buscan protección en otro país particularmente quienes salen desde Haití y, especialmente, de Venezuela que, de acuerdo a datos oficiales, hay más de 7 millones de personas que han migrado en los últimos diez años”, sostuvo ante El Destape el director ejecutivo de Amnistía Internacional en Chile, Rodrigo Bustos. De ellos, 6 millones están en la región.
Ahora lo que las llevó a intentar salir de Chile son las dificultades económicas o la misma normativa chilena que no les da la posibilidad de regularizarse, contó Bustos. La solución temporal llegó por parte del Gobierno venezolano que este fin de semana dispuso un avión para trasladar a las personas allí varadas, pero no necesariamente esa es la respuesta porque esta es sólo la punta del iceberg para les venezolanes como para el resto de las personas de otras nacionalidades.
La normativa internacional ampara a quien quiera desplazarse de un país a otro, sobre todo si atraviesa una situación de vulnerabilidad o cuando el país de origen atraviesa una crisis política e institucional que pudiera llegarle a afectar, como son los casos de Haití y Venezuela.
“Toda persona tiene derecho a buscar asilo”, sentenció en un reciente comunicado de Amnistía Internacional. Allí, explicaron, además, que tanto venezolanes y haitianes “tienen necesidades de protección internacional”, en el sentido de las definiciones establecidas en instrumentos internacionales como la Convención sobre el Estatuto de Refugiado de 1951 y la Declaración de Cartagena de 1984. Chile y Perú suscribieron a esos tratados y los tienen incorporados a sus legislaciones nacionales, sin embargo, no pareciera eso cumplirse. En tanto, sobre les migrantes haitianes la situación en particular: la situación política, institucional, de violencia y pobreza que atraviesa de manera estructural a toda la población es un factor determinante en este contexto. De hecho, desde AI insistieron en que tanto el Acnur como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) señalaron que “no pueden ser regresadas a su país debido a la grave crisis humanitaria y de derechos humanos que enfrenta el país, que incluye la violencia generalizada, la inestabilidad política, la inseguridad alimentaria y un sistema sanitario al borde del colapso”.
Crisis humanitaria en la frontera
Del lado chileno, está el desierto de Atacama; del otro, lo que se conoce como desierto costero del Perú, con pequeñas comunidades al paso. La región es conocida por ser el lugar no polar más árido en la tierra, con escasa vegetación. Linda con la Cordillera de los Andes y el océano Pacífico. Las temperaturas abrasan durante el día y caen a bajo cero por las noches. Las adversidades climáticas no son un impedimento para las personas que deciden desplazarse de un país al otro que, a la vez, deben enfrentar el rechazo de las poblaciones locales animado por declaraciones por parte de los funcionarios y funcionarias de los Estados que los estigmatizan y criminalizan.
Hace unos fines de semana, algunos de ellos fueron atacados a piedrazos por locales en Arica, por ejemplo.
“Se encuentran varadas en muchos casos sin alimentos, agua, alojamiento o asistencia sanitaria, enfrentándose a mayores riesgos de protección, desde febrero de este año”, denunciaron en un comunicado conjunto a mediados de abril la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Hacían referencia específicamente sobre la situación en Tacna, del lado peruano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se expresaron en las últimas semanas en el mismo sentido.
“Es una crisis de personas refugiadas”, sentenció Bustos y apuntó que “la política de Chile se aleja mucho de los tratados internacionales”.
Los desencadenantes
Chile
En el país hay cerca 1.5 millones de migrantes regulares, lo que corresponde al 8 por ciento de la población total, precisó ante El Destape la académica y presidenta del Consejo Consultivo del Servicio Nacional de Migraciones, Neida Colmenares Mejías. De ese 1.5 el 30% son venezolanos. Por otro lado, se estima unas 140 mil personas migrantes que ingresaron por pasos no habilitados, que en más del 75% son venezolanos. A la fecha, de las casi 11 mil soluciones de refugio de personas venezolanas, las autoridades chilenas sólo aprobaron 33.
“Quienes ingresaron por pasos no habilitados, en la mayoría de los casos, reúnen características de personas con movilidad forzada, que con la ley actual no tienen posibilidad de regularización”, explicó.
En febrero de este año, el Gobierno de Chile decidió desplegar a las fuerzas militares durante 90 días en lo que consideró “puntos críticos de la frontera con Perú y Bolivia” para, justamente, controlar el ingreso irregular. El decreto permite a las fuerzas militares las facultades de control de identidad, registro y detención. La normativa se impuso ante las “quejas por la inseguridad latente en las comunas del interior”, señaló el diario BioBio sobre la decisión del Gobierno. Sin embargo, el Ministerio Público especificó ante el portal The Clinic que, desde enero de 2022 hasta marzo de 2023, sólo un 9,2% del total (190.391) de las personas procesadas por cometer delitos son extranjeras, un 87,88% (167.316) son chilenas y un 3% no tienen nacionalidad identificada.
Desde 2021, el país cuenta con una nueva ley migratoria diferente a la de “extranjería” de 1975, de la dictadura, esa norma mandata la implementación de una Política Nacional Migratoria que no se ha presentado aún y que las organizaciones migrantes demandan. Sumado a ello, en las últimas tres semanas desde el Congreso se hicieron modificaciones para “facilitar los mecanismos de expulsión de extranjeros y para tipificar el ingreso clandestino como un delito, lo que hoy es una sanción administrativa”, indicó ante este medio Colmenares Mejías.
“En materia de seguridad hemos tomado la decisión de mejorar nuestro control de la frontera, no queremos que, a partir del fenómeno migratorio, el control de esta crisis la tomen eventualmente grupos de personas dedicadas al crimen organizado, no queremos que se genere un punto para el tráfico ilícito de inmigrantes ni para la trata de personas”, declaró la semana pasada el subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, ante la prensa desde la frontera. Este domingo a la noche, tras las elecciones a Consejeros Constitucionales en el país-para escribir una nueva Carta Magna, el presidente, Gabriel Boric, mencionó en dos ocasiones la cuestión migratoria y la vinculó a las políticas de seguridad. También celebró la “repatriación” de venezolanos.
Esa mirada, marcó Colmenares Mejías, está orientada hacia una política securitista en el tratamiento de la migración”. Al mismo tiempo, en mayo comenzó a implementarse un proceso de empadronamiento biométrico sistema de registro con el que se llamará a unas 140 mil personas para consignar sus datos, aunque sin la opción de regularizarse. “Hay una crisis que se produce a partir de los ingresos por pasos clandestinos que ha superado la capacidad de respuesta del Estado, no se puede negar. Pero también hay una instrumentalización y excesiva politización del tema que cruza a todos los actores y se ha reforzado con un discurso xenófobo impulsado fundamentalmente por actores de la derecha, pero que en la actualidad se reconoce transversalmente”, analizó Colmenares Mejías.
“Esos números en la frontera son insignificantes en relación a dimensión la población total. Entonces debería tener una solución, una política más seria”, consideró.
Perú
A fines de abril el programa Cuarto Poder, de la cadena local América TV, emitió un informe en el que mostraba cómo militares y carabineros chilenos presuntamente colaboraban con migrantes para entrar a territorio por Tacna, evadiendo los controles. La respuesta por parte del Gobierno ilegítimo de Dina Boluarte llegó a los pocos días con la declaración del estado de emergencia y la militarización de la zona. Fueron desplegados 196 militares y 390 agentes de la Policía Nacional.
“Quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros. Por eso es que tenemos que reformular la ley de extranjería, ver este tema de la migración”, dijo la mandataria al anunciar el decreto. “Han entrado 800.000 venezolanos, otros tantos haitianos, y son los que lamentablemente están cometiendo estos actos”, dijo Boluarte en la rueda de prensa y subrayó que “Por eso tenemos que hablar casi al unísono de migraciones con inseguridad ciudadana”, afirmó la mandataria. La organización AI fue contundente al respecto y alertó que estas declaraciones “estigmatizantes y xenófobas podrían apuntar a que el estado de emergencia persigue fines discriminatorios no amparados ni por la ley peruana ni por el derecho internacional de los derechos humanos”.
En el mismo momento, informó sobre una amnistía aprobada por el Congreso para regularizar la situación de extranjeros. En cuanto al marco regulatorio es necesario saber que en febrero se había promulgado una ley de migraciones que establece límites para el ingreso y tránsito de ciudadanos extranjeros en el Perú, como parte de medidas legislativas en favor de la “seguridad ciudadana”, detalló el portal Gestión. La norma ha provocado el rechazo de algunas instituciones como la Defensoría del Pueblo local.
“El Gobierno peruano está generando una situación de xenofobia. Están mezclando el fenómeno migratorio con el de la seguridad ciudadana”, apuntó ante este medio el exviceministro del interior del Perú Ricardo Valdés. El exfuncionario trajo a la memoria que durante el mandato de Pedro Pablo Kuczynski se abrieron las fronteras para el ingreso de venezolanos profesionales a quienes se les entregaron permisos temporales de residencia. Hubo dos olas y en total entraron unas 400 mil personas. En pandemia, la migración continuó y la cifra de venezolanos alcanzó el millón.
Ahora, qué función tendría la amnistía planteada: “De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, llegaría a 100 mil personas porque se va a hacer con quienes residieron hasta el octubre de 2020, hasta el último día que se entregaron permisos temporales de permanencia. Solamente alcanza a quienes tuvieron un ingreso y una permanencia formal en Perú”, indicó Valdés, por lo que esta medida no implicaría una solución para el total de las personas migrantes que se encuentran en el país.
Las recomendaciones internacionales ante la crisis de protección
El último jueves Amnistía Internacional emitió un nuevo comunicado con diversas recomendaciones para ambos países ante lo que denominaron como crisis de protección que, recomendaron, debe pasar por soluciones que garanticen plenamente los derechos de las personas refugiadas y migrantes, apegadas a derechos humanos.
Entre las alternativas que dispusieron se encuentran medidas que van a contrapelo de lo implementado hasta el momento por los gobiernos de Gabriel Boric y de Boluarte, como retirar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad ciudadana, incluyendo los operativos de control de identidad de personas refugiadas y migrantes; y derogar los decretos que llevan a las Fuerzas a las fronteras por no apegarse a los estándares internacionales de derechos humanos.
También exhortaron a:
• Garantizar que cualquier persona detenida sea llevada sin demora ante una autoridad judicial;
• Asegurar que sus ordenamientos internos cuenten con normas de carácter legislativo para regular el uso de la fuerza, conforme al principio de legalidad;
• Velar porque todas las autoridades, incluyendo aquellas ocupando puestos del más alto nivel, se abstengan de usar lenguaje que estigmatice, violente, desacredite o discrimine a las personas refugiadas y migrantes, como las venezolanas y haitianas.
• Modificar las normas que regulan la realización de control de identidad para prohibir explícitamente la discriminación en los controles de identidad, abolir los controles de identidad preventivos y garantizar que todos los controles de identidad se basan en motivos objetivos e individuales;
• Crear un mecanismo de denuncia eficaz e independiente, y prever medidas disciplinarias en casos de conducta indebida.
Cada punto, tiene, en verdad el propósito de velar por la vida y la seguridad de las personas, pero también de cambiar la dinámica con la que se piensan los fenómenos migratorios y el desplazamiento de las personas. En esa línea hizo hincapié Bustos, se trata de “avanzar en regularización para tener una migración que contribuya al desarrollo nacional y, lo fundamental, alejarse de los discursos de criminalización”.
Fuente: El Destape, por Carla Perelló
