Se prorrogó por 4 años la emergencia de propiedad de las tierras de comunidades indígenas

Tafí del Valle, 21 de Junio de 2013 - La Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, a través de la Subsecretaría de Políticas Socioculturales, participó del Segundo Encuentro del Pueblo Originario Diaguita y de la celebración de Inti Raymi, que se realizó entre el 20 y el 22 de junio en la Reserva Arqueológica de Tafí del Valle, Tucumán. Estas actividades contaron con la participación de varias comunidades indígenas de la provincia: Casa Vieja, El Mollar, La Angostura, Amaicha del Valle, Quilmes, Potrero de Rodeo Grande, Mala Mala y Anfama. Inti Raymi, es la celebración de la llegada del solsticio de invierno: con cantos y bailes comienza antes del amanecer y se invoca al sol, considerado un Dios universal, que con su luz sustenta todas las cosas de la tierra. La celebración concluyó con la presentación del folklorista jujeño Bruno Arias. Los encuentros dan cuenta de la diversidad cultural presente en Argentina y de la variedad y riqueza de identidades y modos de vivir que se expresan a lo largo y ancho del territorio. Al tiempo que demuestran que los pueblos originarios y sus culturas no solo forman parte del pasado, sino también son parte central del presente, constituyéndose como sujetos activos y partícipes necesarios para la construcción de políticas interculturales que garanticen la igualdad en la diversidad. Por este motivo, el Programa Pueblos Indígenas, que lleva adelante la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación a través de la Dirección Nacional de Promoción de los Derechos Culturales y Diversidad Cultural, desarrolla acciones orientadas a promover el reconocimiento y visibilización de las culturas originarias, y a fortalecer y acompañar los procesos comunitarios de rescate y defensa de las diferentes identidades. Fotos: Romina Santarelli / Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.

La normativa sancionada por el Presidente, y firmada por todos los ministros del Gabinete, suspende por “el plazo de emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”.

El presidente Alberto Fernández prorrogó por otros cuatro años la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a través del cual también se suspenden por el mismo plazo la ejecución de sentencias sobre esos litigios.

Mediante el decreto 805, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo revalida los plazos que fueron establecidos en la ley 26.160, y que en su oportunidad fueron extendidos por las leyes 26.554, 26.894 y 27.400, sancionadas a tales efectos.

Al respecto, la portavoz Gabriela Cerruti señaló que “la prórroga de esta ley se realizó porque dicha extensión tenía media sanción del Senado y despacho de comisión de Diputados, pero como vencía hubo que hacer la prórroga por DNU antes del 23 de noviembre”.

“Esta norma habla de un reordenamiento territorial que se está llevando acabo y que no está concluido”, aclaró Cerruti, quien además consideró que “el reordenamiento territorial es un espacio de diálogo para la cuestión de los pueblos originarios que reclaman derechos sobre algunos territorios”.

“En muchas provincias se está avanzando mucho con este proceso. En algunas más, en otras menos, pero existen las herramientas institucionales para que los gobiernos provinciales se sienten con los representantes legítimos de esos pueblos”, apuntó.

Sobre los hechos de violencia perpetrados en regiones de la Patagonia, sostuvo: “Repudiamos todo hecho de acción violenta y ayudamos a los gobiernos provinciales a prevenirla y a contenerlas y perseguirlas cuando estas suceden”.

La normativa sancionada por el Presidente, y firmada por todos los ministros del Gabinete, suspende por “el plazo de emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”, y establece que “la posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada”.

Asimismo, se fija que “durante la vigencia del plazo de la emergencia declarada, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) deberá realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, dar intervención al Estado Provincial y los Estados Municipales implicados y, en caso de corresponder, a la Administración de Parque Nacionales”.

Las autoridades también deberán también “promover las acciones que fueren menester con el Consejo de Participación Indígena, los Institutos Indígenas Provinciales, Universidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones Indígenas y Organizaciones No Gubernamentales”.

También se dispone la asignación “para cada uno de los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad al presente decreto de un crédito de $290.000.000 destinados a la atención del Fondo Especial” contemplado en la Ley 26.160.

El INAI presentará, a partir del año 2022, y antes del 30 de noviembre de cada año, ante el Congreso “un informe anual que detalle el estado de avance del proceso de relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, conforme lo establece el artículo 3º de la Ley Nº 26.160, el cual deberá incluir información georreferenciada sobre las comunidades relevadas y el proceso de relevamiento e indicará el porcentaje de avance”, se establece en el DNU.

La Ley 26.160 se sancionó en el marco de lo previsto en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce, entre otros aspectos, “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”.

La citada norma implicó “el cumplimiento de compromisos asumidos” por el Estado Argentino “mediante la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, en base a un criterio que prevé que “los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente”, según se indica en los fundamentos del decreto 805.

Fuente: Télam