El bloque le contestó al PJ por el desafuero del senador.

La quita de fueros del senador Marcelo Romano generó cruces y tensión entre el oficialismo y la oposición. Para los segundos, esta maniobra no es más que una “persecusión política” contra el sancarlino.

Previo a la sesión en la Legislatura, el PJ de Tunuyán emitió un comunicado a través de la redes sociales en el que repudió lo que horas más tarde terminó por confirmarse y pidió a los concejales de Cambia Mendoza del Valle de Uco que rechacen la decisión de los legisladores provinciales.

“El PJ rechaza enfáticamente la decisión de Cambia Mendoza de votar el desafuero del senador Marcelo Romano. Quien permanentemente ha estado en defensa de los intereses de la región y de los municipios, fundamentalmente en defensa de la 7722.Es clara la intención de callar las voces que han defendido y defienden los intereses de los mendocinos y fundamentalmente del Valle de Uco. Como espacio político, estamos en plena defensa del legislador e instamos a los legisladores y concejales de Cambia Mendoza que representan al Valle de Uco a que rechacen enérgicamente esta situación por demás injusta y peligrosa para la democracia mendocina” dice el texto que publicaron desde la página del bloque y al que adhirió el PJ de San Carlos.

En ese sentido, la UCR de Tunuyán salió a responder por Facebook y aseguró que “el desafuero del Senador Romano no es una estrategia vengativa, no tiene nada que ver con la defensa del agua que muchos acompañamos. Hay una denuncia y debe investigarse”.

“Hay un mensaje muy claro para la sociedad y esta pandemia no tiene que ser la excusa para tapar actos incorrectos, como sabemos hay una denuncia porque Romano amenazó a servidores públicos y debe asumir las consecuencias de su accionar como cualquiera ciudadano. El hecho de ostentar un cargo público implica una responsabilidad mayor”, sostuvieron los ediles representantes.

“Además, reafirmamos que el pedido de desafuero fue exclusivamente solicitado por la justicia, poner esta discusión en agenda pública es un oportunismo político para desviar la importancia institucional de este tema”, completaron.

Marcelo Romano está acusado de “atentado contra la autoridad” tras un altercado con personal policial en un hecho de índole privada. Por el episodio, la fiscal  Gabriela García Cobos solicitó el desafuero del legislador.

Según la versión policial, la hija de Romano fue detenida por conducción temeraria cuando iba al mando de un Renault Clio. El senador reclamó que dejaran ir a su hija negando el exceso de velocidad y amenazándolos con hacerlos echar de su trabajo. El delito de “atentado a la autoridad” está tipificado y sancionado por el artículo 238 inciso 3 del Código Penal y establece una pena de prisión de entre seis meses y dos años.

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