Así es el protocolo ante la negativa

La resolución establece que si un responsable se niega expresamente y por escrito a vacunar a un menor en un establecimiento escolar, deberá aplicarle las vacunas obligatorias dentro de los 30 días siguientes.

El personal encargado de inmunizaciones de cada Área Sanitaria será responsable de verificar el cumplimiento de esta obligación.

En caso de constatar la omisión, deberá notificar al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y, de manera preferente, denunciar la situación a la autoridad policial, municipal o judicial con competencia en materia contravencional. La misma exigencia se aplicará cuando la negativa se produzca en centros de salud u otros ámbitos.

Seguimiento

La normativa se basa en la Ley Nacional N° 27.941, que declara la vacunación como un bien social y obligatorio, y en la Ley N° 9099 de Contravenciones, que prevé sanciones para quienes incumplan con la obligación de vacunar.

Además, la Dirección de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión de la provincia será responsable de registrar todas las denuncias realizadas. Esta información se utilizará para elaborar estadísticas y, de manera mensual, se informará a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que se realice un seguimiento de los casos. El objetivo es advertir sobre la posible reiteración de la conducta, que podría poner en riesgo la salud del menor y la comunidad.

Con esta resolución, el Gobierno busca establecer un marco legal claro y herramientas administrativas para combatir la minoritaria, pero preocupante, tendencia a rechazar las vacunas. La medida refuerza el principio de que la salud pública prevalece sobre el interés particular, y busca garantizar la protección de los derechos de los menores a una vida sana.

Fuente: Diario El Sol